El caso de Nahir Galarza tomó un rumbo interesante al presentarse la demanda Gabriela Laiño, quien fue presentada durante el juicio como “perito informática”, y ahora devela ser licenciada en bromatología. A raíz de esto, los la Corte Suprema de Justicia podría anular el fallo en contra de la joven.

El caso de Nahir Galarza tomó un vuelvo inesperado este viernes cuando la perito de la investigación, Gabriela Estefanía Laiño, se revelara como licenciada en Bromatología y presentara una denuncia contra el "Instituto Autárquico de la provincia de Entre Ríos que fue nombrada por decreto y obligada a cumplir una función que desconocía absolutamente.

Laiño sumó una demanda por $3.000.000 en el Juzgado Laboral N1 de Gualeguaychú, contra sus superiores, el ex fiscal Sergio Rondoni Caffa, el Coordinador de Fiscales, Lisandro Beherán, y el Comisario General, Fabián Pérez, quienes según la bromatóloga, la obligaron a realizar en la investigación tareas para las cuales no había sido instruida.

“Todas estas tareas sin tener para ninguna de ellas los conocimientos técnicos ni elementales”, denunció Laiño, y concluyó: “Temo por mi vida y no se que puedan hacer después de esta demanda judicial”.

Esta situación había sida previamente denunciado por Jorge Zonzini, ex vocero de la condenada que sacó el libro “El Silencio de Nahir crónica de un linchamiento mediático”, en donde adelantó “peritajes truchos”. Según él, esto haría tambalear la condena de prisión perpetua por lo ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú.

También añadió que Galarza “fue juzgada sin ningún tipo garantías constitucionales, falta de perspectiva de género y con el acuerdo de todo el arco político y judicial de Entre Ríos para instalar el primer 'machicidio' de la Argentina, como absurda contracara de los femicidios".

“Antes me cabía alguna duda sobre si solo se trataba de fiscales y jueces burros sin conocimiento sobre violencia de género. Ahora, con este hecho que denuncia la perito trucha puesta por el fiscal, que no contaba ni con un mero curso de informática básica, tengo certezas de que se trata de un grupo de auténticos sinvergüenzas del derecho”, remarcó Zonzini.