¿Cómo hablar de lo irreparable?

Ya se sabe, de la muerte no se regresa.

Sin embargo, hay muertos incómodos.

O, en realidad, que incomodan.

Lucas Caro, un adolescente normal –parafraseando a Antonio Machado, “en el buen sentido de la palabra, bueno”–, parece ser uno de ellos.

Al menos, así lo siente su familia.

Un encuentro en el hogar, con sus padres, hermanos, una tía, la novia y la madre de la chica, dispara comentarios –fundamentados– que llevan a pensar que aquel joven, que se topó con la muerte el último sábado de febrero de 2021, por la noche, cuando el reloj se empecinaba en declarar que ya era domingo, y un conductor con bastante alcohol encima se salía del camino para arrancarlo de la mano de su pareja, lleva como mortaja el peso del “poder”.

¿Por qué?

Porque ese alcohol en sangre había sido ingerido en una fiesta en el camping Cirse, donde participaron funcionarios municipales.

Incluso, en la mesa de la familia Caro, se mastican rumores –a los que ellos les aplican el sello de ciertos porque confían en las fuentes, que son diversas y coinciden– que hablan de que, entre esos nombres, hay varios que sorprenderían al desprevenido, sobre todo uno, por el puesto jerárquico que ocuparía.

A su vez, se mencionan empresarios que estuvieron en el lugar durante aquella jornada.

Pero, así y todo, ¿qué tendría de malo encontrarse en un sitio donde alguien no se comporta como es debido y actúa en consecuencia de ello?

No corresponde a un individuo adivinar lo que otro va a hacer.

Es ahí donde los integrantes de la familia Caro recuerdan que, tras ser arrollado Lucas, la mamá de su novia intentó detener a un par de camionetas blancas que venían detrás, pero esos vehículos la esquivaron.

Sospechan que esos rodados venían del mismo sitio que Matías Vázquez y eludieron la situación porque prefirieron no ser reconocidos.

Los comentarios que les llegan, así como el hecho de que el acusado haya logrado aguardar el juicio (cuyo inicio está previsto para el 2 de agosto) en prisión preventiva domiciliaria, no hacen más que acrecentar la incertidumbre de una familia que apunta a la pena máxima que la ley admite para un hecho de estas características (seis años de prisión), pero mantiene sus dudas acerca de que ello se concrete.

Recuerdan, por ejemplo, que alguien les dijo que los avances que se lograron hasta el momento se debieron a que “el caso vende”.

¿Tal característica colaborará a que los familiares consigan que se aplique el castigo que consideran adecuado?

Es una duda que carcome y, por el momento, no tiene respuesta.

Habrá que aguadar hasta el 2 de agosto, fecha prevista para que se inicie el juicio, que se extenderá hasta el 4 de ese mes.

Cientos de personas acompañaron diversas marchas por las calles barilochenses exigiendo justicia.

Es lo que piden los familiares: certidumbre acerca de lo que sucedió, y una pena acorde a ello.