Valentín Robles tiene cincuenta y nueve años.

Dice que trabaja para el Estado y que cumple funciones en Viedma, sin dar mayores explicaciones.

Desde hace unos días, su nombre salió a la palestra.

Los vecinos de la zona oeste de la ciudad comenzaron a hablar de él con cierta preocupación cuando David Gallegos lo mencionó como propietario de terrenos cercanos a la Playa del Viento.

Gallegos, precisamente, con más de diez caballos, se había asentado en la zona aledaña a la desembocadura del arroyo Casa de Piedra, y esgrimía un permiso para pastorear que, mediante intermediarios (un administrador contratado por una apoderada), respondía a Robles, a quien se identificaba como propietario. 

El hombre y sus equinos ya no están ahí, se fueron el viernes 28 de mayo, tras haber permanecido cerca de un mes.

Pero la duda quedó planteada: ¿esas tierras (que van mucho más allá del sector cercano a lago Moreno, ya que involucran quinientas doce hectáreas)  pertenecen al Estado nacional, con guarda del Ejército, como siempre se pensó?, ¿o son de Robles?

Él, desde Viedma, afirma: “Poseo porque poseo”, una expresión que proviene de la frase latina “possideo quia possideo”, que, en este caso, remitiría a otra locución del mismo origen, “onus probando”, que apunta a que quien debería comprobar su derecho sobre el lugar en conflicto sería el Estado, no Robles, el cual, hasta que eso se demostrara, podría limitarse a afirmar, precisamente, que posee porque posee.

Al menos, desde su punto de vista.

Igualmente, más allá de ese recurso verbal (“poseo porque poseo”), que repite varias veces durante la conversación, Robles aclara que se considera dueño porque recibió las tierras por una cesión de Vicente Beltrán.

Y aquí vale una aclaración: en su narración, no cesan de ingresar protagonistas, tanto principales como de reparto.

Así, el mencionado Beltrán se hila con otra persona, ya que, según indica Robles, aquél era hijastro de un antiguo poblador apellidado Báez, que vivía en el terreno desde 1930.

Las tierras habrían pasado a Beltrán, quien, en el campo, trabajaba con un tío de Robles.

Más adelante, el propio Robles se incorporó a esta historia que se asemeja a una ecuación compleja.

De acuerdo a sus palabras, él también vivió en ese sitio, en principio, en distintos períodos de la década del ochenta.

Luego, comenta, regresó a inicios del siglo XXI.

“Como había una demanda en proceso del Estado nacional, me quedé a defender el lugar, y me proveí de documentos”, señala.

“Vicente Beltrán no podía hacer los trámites, estaba paralítico de una pierna y un brazo”, informa.

“Por eso, me otorgó una cesión de derechos y acciones para que yo llevara los papeles”, apunta.

“Después, perdimos la demanda con el Estado nacional. En 2006, Beltrán se había ido a lo de su hermana, y yo estaba en Viedma. Los ‘milicos’ se metieron, con al aval del juez”, continúa.

“El Ejército Argentino, mientras estuvo adentro, no me dejó ingresar”, apunta.

“Pero, apenas salió, entré con mis hijos a recuperar la posesión”, manifiesta. 

“Para esto, ya habían tirado todo. Nos rompieron la vivienda, nos quemaron cosas…”, apostilla.

“Entonces, armamos una casita y nos quedamos”, añade.

Regresar al sitio tuvo consecuencias judiciales. “Me hicieron una denuncia por usurpación”, cuenta.

“Desde entonces, me enfrenté al juzgado y a quien fuera, porque las tierras son mías”, expone, para luego reiterar aquello de “poseo porque poseo”.

“Estoy dispuesto a defenderme hasta las últimas consecuencias”, señala.

“Antes del desalojo, tenía domicilio en el lugar, por eso cuestionaba: ¿cómo me pueden desalojar de mi propio domicilio? Nunca reconocí la titularidad del Ejército Argentino; yo me consideró el dueño, y seguí actuando como tal: hice el plano de mensura, alambré, llevé a cabo todos los arreglos que había que realizar”, asevera.

Luego, cita al redactor del Código Civil de Argentina vigente desde 1871 a 2015, Dámaso Vélez Sarsfield: “Él dijo ‘la posesión vale el título’”.

Se trata, en realidad, de un término proveniente de una máxima jurídica francesa: Fait de meubles possession vaut titre (el hecho de la posesión de muebles vale el título).

Pero, más allá de términos asociados a lo jurídico, la situación en los terrenos en conflicto continuó con decisiones imprevistas.

Ante la arremetida legal del Estado nacional, Valentín dio un nuevo giro de timón: “Para que no nos sacaran, constituí una comunidad con mis hijos y mi familia: Lof Robles”, relata.

Así, recurrió a la ley 26160, de relevamiento territorial de comunidades indígenas.

Pese a que Robles sostiene que el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CoDeCI) aceptó a la comunidad, lo cierto es que, ante un pedido del Juzgado Federal de Bariloche realizado en marzo de este año a ese organismo y también al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el CoDeCI, a través de su presidenta, María Valentina Curufil, en un escrito fechado el 17 de mayo, respondió que la lof Roble (lo escribe sin “s” final) “tiene trámite administrativo de su personería jurídica”, y remarcó que el expediente se encuentra, precisamente, “en trámite”. 

Asimismo, en este punto, sale a relucir un conflicto con la comunidad Tambo Baez, la cual se asienta también en tierras que Robles demanda como suyas.

De esa forma, Curufil puntualizó que ambas comunidades reclaman un territorio ubicado en un sitio que “el Estado ha individualizado como Lote pastoril N°94, Colonia Agrícola Nahuel Huapi”.

También aclaró que en 2011 se inició un relevamiento con la lof Robles, pero las actividades quedaron suspendidas, “por discrepancia con la posesión que, en el referido lote, ejercen los integrantes de la comunidad Tambo Báez”.

Más allá de esto, Valentín Robles proclama: “Mis orígenes son mapuches; soy descendiente de la rama de Ceferino Namuncurá”.

En cuanto a la comunidad Tambo Báez, proyecta su enojo contra Jorge Nabarlaz, descendiente de Báez.

En algún momento incluso presentaron juntos una petición (“Hicimos una presentación judicial ante la Fiscalía de Estado de la provincia, con la intención de que reivindicara la tierra y así pasara a Río Negro, para luego entregarnos el título o lo que tuvieran que darnos”, relata Robles), pero luego se enemistaron. 

“Está haciendo todo por quedarse con el lugar”, reprocha Robles.

“Cuando me vine a trabajar a Viedma, mi hijo Pablo se quedó en el campo”, narra.

Robles asegura que, en ese período, Nabarlaz aprovechó para despedir a un hombre que cumplía funciones de encargado.

Y luego remite a una situación confusa, donde da a entender que, en aquellos momentos en que él estaba ausente, su hijo tuvo un problema con Nabarlaz y debió trasladarse a Viedma.

Tiempo después de ese episodio, el hijo de Robles regresó al terreno. “Pero Nabarlaz le dijo: ‘Acá ya no podés entrar’”, apunta Robles, para luego cargar contra la creación de la comunidad de Tambo Báez: “La hizo para tener los mismos derechos que yo ya poseía”, recrimina.

En cuanto a la lof Huala We, también ubicada en la zona, declara: “No sé quiénes son, no tengo ni idea, porque se establecieron cuando yo ya estaba en Viedma”.

“Esas dos comunidades están dentro de mis tierras; las están usurpando”, exclama.

Pero todo este racconto viene a cuenta de lo que sucedió en las últimas semanas, con un hombre que, con sus caballos, se asentó en cercanía de la desembocadura del arroyo Casa de Piedra, diciendo que contaba con la autorización del “dueño”.

“Teníamos la intención de hacer un parador al lado del lago, para realizar cabalgatas y ese tipo de cosas. No sabíamos que se iba a armar semejante problema…”, desliza Robles.

Desde Viedma, rodeado de documentos (presentaciones judiciales, permisos para explotación de agua superficial -destinada a agua mineral-, inscripción de plano de mensura particular para tramitar prescripción adquisitiva de dominio, actas de exposiciones policiales donde refiere intimidaciones de miembros del Ejército, la cesión de derechos y acciones que le hizo Beltrán, y un largo etcétera), Robles recuerda el proyecto de Arabela Carreras de establecer un Parque Central que incluiría espacios que él afirma que son suyos.

“Si mañana nos sentáramos para acordar ceder las tierras con el fin de un mejoramiento turístico de la ciudad, lo haría. Estoy de acuerdo con el crecimiento de la localidad”, recalca.

“No tengo problema en salir de ahí, pero que no digan que el Ejército tiene derecho sobre ese sitio cuando no es así”, formula.

“A mí me dejan sólo cincuenta hectáreas, y me quedo a vivir tranquilo en Bariloche, pero con título de propiedad; para eso peleo”, concluye.