El Tribunal unipersonal a cargo del juez Alejandro Cabral, decretó la suspensión del juicio a prueba contra Hernán Andrés Toloy y Hugo Hernán Cayuleo, a quienes le sustanciaron un proceso penal en el ámbito de la Justicia Federal, tras haber sido sorprendidos con drogas en un día de franco. Los dos son empleados policiales rionegrinos.

El auxiliar fiscal Mariano Mannará, la defensora pública Celia Delgado, y los acusados, acordaron el beneficio mediante el cual los imputados no serán enjuiciados, pero deberán dar cumplimiento a una serie de pautas establecidas.

Toloy, nacido en Paraná, Entre Ríos, y domiciliado en Viedma, y Hugo Orlando Cayuleo, oriundo y domiciliado en la capital provincial, fueron imputados como coautores del delito de tenencia simple de estupefacientes.

Como parte del acuerdo para la suspensión del proceso, los dos se comprometieron a respetar pautas de conducta y además donar unos mil quinientos pesos cada uno a favor del hospital de la capital provincial.

El magistrado que intervino en la decisión, manifestó que haría "lugar al pedido de suspensión de proceso a prueba formulado por la defensa, basando la decisión principalmente en que el delito que se les imputa a los acusados prevé una pena que, atento que no registran antecedentes penales condenatorios, en caso de recaer condena la pena podría ser de ejecución condicional; sumado ello al dictamen debidamente motivado y fundado del Ministerio Público Fiscal en posición concordante con la solicitud de marras".

Agregó que "si bien los acusados son funcionarios públicos, se acreditó en autos que cuando cometieron el hecho investigado no estaban realizando alguna función pública" y detalló que la suspensión del proceso operará por el término de un año bajo las siguientes condiciones: mantener el domicilio que tienen fijado y denunciar cualquier cambio al Tribunal; en concepto de reparación simbólica del daño, cada uno deberá abonar la suma de mil quinientos pesos la que será destinada en favor del hospital público 'Francisco López Lima'; someterse al contralor del Patronato de Presos y Liberados de la ciudad de Viedma, en forma trimestral; no cometer nuevos delitos y abonar la suma de once pesos con veinticinco centavos ($11,25) en concepto de multa".

En caso de incumplimiento de lo dispuesto precedentemente o de comisión de un nuevo delito les será revocado el beneficio otorgado. En caso contrario, resultarán eximidos de su responsabilidad penal por el hecho.