María Magdalena López Giovanelli, "Madelón", reconoció haber estafado a cincuenta familias y haber defraudado a otras cinco, mientras trabajaba para distintas agencias de viajes. Así, evitó ir a prisión y se comprometió a realizar tareas comunitarias. Sin embargo, en el fallo le impusieron las costas del proceso, que incluyen los honorarios de los abogados querellantes y suman menos de trescientos mil pesos. A través de su defensa impugnó reiteradamente y llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia, que volvió a rechazar su planteo.

Como parte de un acuerdo de juicio abreviado, Magdalena López Giovanelli reconoció su responsabilidad en unos cincuenta hechos de estafas y cinco de defraudación. Con esta confesión, logró evitar ir a prisión y acordó la realización de mil quinientas horas de tareas comunitarias no remuneradas. En el fallo, le impusieron las costas, pero la defensa cuestionó los honorarios que se fijaron para los abogados que intervinieron en el proceso. Su planteo ya había sido rechazado y llegó al STJ, que tampoco le dio lugar.

Para evitar la prisión, "Madelón" acordó con su defensa y la fiscalía, evitar el juicio tradicional y, tras declararse culpable por los hechos atribuidos, se presentó ante el juez Héctor Leguizamón Pondal, pidiendo la homologación de una condena a tres años de prisión condicional, la realización de 1500 horas de trabajo comunitario no remunerado, además de una prohibición para ejercer la actividad durante cuatro años. En la sentencia le impusieron las costas.

Los hechos ocurrieron entre mayo del 2016 y abril del 2017. La fiscalía apuntó que López Giovanelli realizó las estafas valiéndose de las estructuras de las agencias NetSur y Butterfly.

El caso trascendió cuando la familia de la condenada denunció la desaparición de la mujer, que había salido de su casa rumbo a su trabajo y nunca había llegado. Ocurrió que, tras comenzar a circular diversos escraches y denuncias por estafa, López Giovanelli se ausentó por sus propios medios y fue encontrada tres días más tarde en la localidad de Lago Puelo con un cuadro de intoxicación por un presunto intento de suicidio.

Tras la sentencia, el juez Leguizamón Pondal reguló los honorarios de los profesionales que intervinieron en el proceso, estableciendo el monto de veinte JUS para cada uno de los abogados querellantes (María Rodrigo, Raúl Ochoa, Alejandro Bianco Dubini) y 30 JUS para los querellantes Pablo Calello y Estanislao Cazaux. A los efectos de ejemplificar, vale mencionar que la unidad de JUS se fijó en este mes de marzo en 3117 pesos.

En oposición a ello, la defensa oficial de de María Magdalena López Giovanelli, presentó una impugnación ordinaria, que fue desestimada in límine, por lo que solicitó el control extraordinario del Superior Tribunal de Justicia, que también rechazó la pretensión.

En síntesis, los jueces del STJ advirtieron que sus pares del Tribunal de Impugnación afirmaron: "Los planteos recursivos resultan idénticos a los que la defensa ya había articulado en la instancia recursiva precedente, por lo que los cuestionamientos relativos al análisis de las tareas desarrolladas por los letrados en el proceso, la unidad de representación y la regulación excesiva de honorarios profesionales ya fueron debidamente desarrollados y respondidos en la decisión atacada" y agregaron que allí se "concluyó que los agravios no eran suficientes para poner en crisis la decisión del juez de Juicio, toda vez que había existido una correcta valoración de las circunstancias del caso, adecuada jurídicamente" y destacando además "el tiempo que había durado el proceso y el resultado obtenido"

Así, se desestimó la posibilidad de que el fallo atacado haya incurrido en "arbitrariedad o irrazonabilidad" al momento de fijar los honorarios de los letrados que actuaron en representación de las numerosas familias afectadas.