La Angostura: crece el escándalo político por la imputación de todos los concejales

La Justicia neuquina a través del juez de Garantías Nazareno Eulogio, imputó a todos los integrantes del Concejo Deliberante de Villa La Angostura por el delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones.

Se trata de los ediles David Tressens Ripoll, Walter Espíndola y Melisa Salamanca (MPN), María Eugenia Mesa y Sergio Troche (FDT), Marta Ciccone (PRO) y Agustina Vaca Arenaza (Primero Angostura).

Además, el fiscal jefe Fernando Rubio y el fiscal adjunto Ramiro Amaya, atribuyeron al presidente del organismo, Tressens Ripoll, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los fiscales entienden que hay numerosas pruebas contra los funcionarios. La investigación se extenderá por un año.

La acusación que pesa contra los parlamentarios, es que el 15 de enero pasado, “desobedecieron la orden dictada por el juez contencioso administrativo de Zapala, Matías Nicolini, cuando dieron inicio a la sesión en el Concejo Deliberante”, pese a que había una orden del día anterior donde se obligaba a la “la suspensión de la sesión del Concejo Deliberante, de la sala juzgadora, bajo apercibimiento de desobediencia de una orden judicial”.

Mientras que al presidente del cuerpo, le atribuyeron también “haber cerrado las puertas del edificio para evitar que se supiera lo que estaban haciendo y abrirlas tarde”.

Dentro de las pruebas que maneja la Justicia, están las declaraciones de la asesora legal Claudia Crocco y de la secretaria parlamentaria del Deliberante, Magalí Díaz, quienes informaron que todos los ediles estaban al tanto de la cautelar.

Crocco manifestó que ella fue quien informó al presidente y al vice del Concejo de la medida impuesta por el juez, vía correo electrónico, un día antes de la sesión y que el resto de los ediles, estaban al tanto de la situación.

Díaz se negó a concurrir a su lugar de tareas pese a la insistencia de Tressens Ripoll -siempre según el relato del fiscal- y le requirió que vaya dos horas antes de la sesión, pero que ingresara oculta, sin ser vista.

Finalmente, en dicha sesión que se realizó de igual manera, se trató el juicio político al secretario de Economía municipal Daniel Brito, quien fue acusado por los concejales por mal desempeño en su cargo y lo removieron del mismo.

Los abogados defensores de los concejales imputados no objetaron los cargos formulados por los fiscales. Y prestaron conformidad con el plazo de un año dispuesto por el juez para la investigación.

Como respuesta, los ediles se dirigieron al Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, pidiendo la “competencia por inhibitoria” del juez administrativo Matías Nicolini, en la causa iniciada por el exsecretario Daniel Brito contra el municipio.

Cabe mencionar, que la Justicia realizó un allanamiento por esta causa y que se llevó cuantiosa documentación de la sede del cuerpo legislativo. Dos días después de este acto, se realizó un “abrazo” al Concejo, en apoyo a los funcionarios.

Diego Llorente