Publicidad
 

TRAS LAS REITERADAS AMENAZAS DE BOMBA

|
04/12/2019

Colectivo Docente de la ESRN 37 manifestó su preocupación y rechazo a la suspensión de clases

Colectivo Docente de la ESRN 37 manifestó su preocupación y rechazo a la suspensión de clases
Colectivo Docente de la ESRN 37 manifestó su preocupación y rechazo a la suspensión de clases

Dada la grave situación que está atravesando la comunidad educativa de la ESRN Nº 37, los docentes de dicho establecimiento se reunieron con las familias y brindaron  su parecer a los medios de comunicación.

Cabe recordar que hay una orden de suspensión de clases de parte del Ministerio de Educación y DDHH por las constantes llamadas telefónicas de amenazas de bomba, por lo que los alumnos y alumnas se mantienen aún en asamblea permanente en el establecimiento en los horarios de cursada.

Para evitar perjudicarlos en el cierre del cuatrimestre habían dispuesto de acuerdo con Supervisión, que a partir del jueves 28 de noviembre tendrían clases en un horario acotado, con sus docentes en el Gimnasio Santa Clara.

Juan Carlos Reiszer, director de la ESRN Nº 37 ya mantuvo varias reuniones con las familias para mostrar su total desacuerdo con la medida “en todo momento pedimos el apoyo del Ministerio de Educación pero no esto, buscábamos que se hagan cargo de la problemática, planteábamos que necesitábamos tener información de los demás organismos que intervienen” aseguró.

El cuerpo directivo y el plantel docente concurren en sus horarios habituales, acompañando a los estudiantes en sus inquietudes, sobre todo aquellos que adeudan la entregan de trabajos o que necesitan aprobar alguna materia.

Reclamaban acciones tales como revisar el protocolo, hacer una investigación previa a ver si se justificaba todo el movimiento de las Fuerzas o no, pidieron celeridad y que la fiscalía les pudiera adelantar algo pero nunca pensaron que la respuesta iba a ser la suspensión del dictado de clases.

Convocatoria de los docentes

Casi en su totalidad el plantel de docentes se presentó en el salón de la Biblioteca del establecimiento educativo para dar su opinión acerca de la suspensión del dictado de clases.

Pablo Eduardo Martínez, docente y delegado de Unter en la ESRN Nº 37 fue el vocero oficial que  leyó el comunicado redactado y consensuado por todos sus compañeros y compañeras con la intención de hacer público su parecer a la sociedad de San Carlos de Bariloche.


El docente y delegado Pablo Martínez, durante la lectura del comunicado.

El comunicado

El colectivo docente de la Escuela Secundaria Rionegrina Nº37 “Ángel Gallardo”, integrada por más de 60 profesores y profesoras, desea expresar a la comunidad su preocupación y rechazo a la suspensión de clases adoptada en forma abrupta e inconsulta por el Ministerio de Educación de Río Negro, ante las reiteradas amenazas de bomba.

Tal vez redundamos en expresiones que ya escucharon del cuerpo directivo, la UnTER y el Centro de Estudiantes, pero consideramos ineludible fijar nuestra posición como educadores. Es responsabilidad indelegable del Estado garantizar el derecho a la educación. También, generar las condiciones, a estudiantes y docentes, para un adecuado proceso de enseñanza/aprendizaje.

El Ministerio de Educación, al decidir la suspensión, violentó ese derecho, premió a los que no querían concurrir a clases, sentó un peligroso antecedente y dejó un pésimo mensaje a los estudiantes: los problemas se resuelven sin esfuerzo, tomando el camino más corto.

Terminar con las amenazas de bomba cerrando anticipadamente el ciclo lectivo no es más que el reflejo del fracaso de una cadena de responsabilidades, tanto de Seguridad, como del Poder Judicial y Educación.

Resulta inexplicable que, en el siglo XXI, y con el alto nivel de desarrollo tecnológico actual, las autoridades demoren tanto tiempo en dar con los responsables. Y es inevitable preguntarnos si los tiempos no hubieran sido más exiguos si las 17 amenazas que recibimos ocurrían en el edificio del Poder Judicial.

¿Alguien se imagina que cierren el Aeropuerto o el Cerro Catedral antes de que termine la temporada, ante amenazas de bomba?. Entonces, ¿cómo podemos permitir o naturalizar esta decisión?, ¿O acaso el derecho a transitar libremente y la recreación es superior al derecho a la educación?.

Actualmente, estamos dando clases a los 5º año, en un gimnasio. Pese a no tener garantizadas las condiciones laborales adecuadas, entendiendo el contexto y la importancia de que los estudiantes puedan culminar el ciclo lectivo, como colectivo docente nos abstuvimos de impulsar un reclamo laboral.

No queremos dejar de agradecer al personal de Protección Civil, Bomberos Voluntarios, trabajadores de la salud y demás organismos que intervinieron ante cada amenaza para resguardar la integridad de todos. Vemos con gran preocupación que deba asignarse en vano todo ese equipamiento y recurso humano, limitando la capacidad de respuesta ante alguna contingencia real que pudiera ocurrir en ese momento.

Por último, enseñar es nuestra tarea, y la estamos cumpliendo. Sólo exigimos que cada parte asuma su responsabilidad para garantizar el derecho a la educación.

Luego de la lectura quedaron a disposición de los periodistas para evacuar dudas que surgieron de este comunicado. Martínez dijo “entendemos que los reclamos formales se han hecho por los medios debidos, pero queremos dejar en clara nuestra voz”.

La medida fue inconsulta, “somos una parte importante dentro de la comunidad educativa y no se nos consultó, nos enteramos junto con los alumnos el mismo día que se suspendían las clases”.

Consultados acerca de cómo están cerrando este ciclo lectivo dijo “como podemos, esa es la realidad, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para garantizar de alguna forma que el impacto de esta medida sea lo menos  perjudicial posible para los alumnos y alumnas”.

Agregó “esto está sentando un precedente negativo porque si esa es la forma en la que van a proceder o querer solucionar las cosas, si el próximo año lectivo comienza con más amenazas de bomba ya sabemos cómo lo resolverán”.

Otra de las docentes dijo “hubo incapacidad en la resolución del problema porque fueron 17 amenazas de bomba con dos en un mismo día, si le sumamos los feriados y las jornadas institucionales obligatorias nosotros perdimos dos meses completos de clases”.

Los alumnos y alumnas se retiraban y los docentes cumplían sus horarios, “eso nos sirvió para planificar pero no para enseñar, porque nos quitaron ese derecho y a ellos les quitaron el de aprender” sentenció.

“Se perdió también el espacio de contención social que tiene la Educación Pública, se hizo un corte con lo que teníamos, se les están dando trabajos y consultas pero lo cierto es que los chicos y chicas no deberían estar en el edificio”.

Como  los jóvenes continúan en asamblea permanente en el lugar es que cada día deben labrar un acta para dejar constancia su presencia. “Hay una No aceptación de parte del Centro de Estudiantes de la decisión tomada por el Ministerio pero la escuela no es responsable si algo les sucediera en esos horarios”.

Ante la medida de horarios y encuentros de los docentes con el alumnado pautado para llegar al cierre del ciclo escolar dijeron que obviamente los ha perjudicado y mucho “si nos atenemos a la resolución tomada  deberíamos plantear un esquema donde en el sistema educativo no sería necesaria la asistencia”.

Hay materias en las cuales es muy importante la presencia física en el aula por ejemplo teatro “se plantea la clase desde el aquí y ahora y eso no está siendo posible, no se puede reemplazar por un simple escrito teórico”.

En el encuentro estuvieron presentes representantes del gremio de Unter, Edgardo Straini y Patricia Lande. “Acá los responsables son el Ministerio de Seguridad , el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Federal y las Fuerzas de Seguridad quienes tendrían que haber resuelto esto en forma inmediata”.


Representantes del gremio dieron su parecer

Agregó Straini “el Ministerio de Educación en lugar de reforzar el derecho social a la educación que tiene cada adolescente, lo que hizo es cortar el hilo por lo más delgado”.

Aseguró que “La ministra debería haberse peleado con los otros ministerios y haberles exigido que de una vez por todas encontraran a los responsables de las llamadas, porque si no sabemos quié-nes son, no podemos trabajar con ellos”.

Susana Alegría / Fotos: Tonny Romano.