Evitaron el juicio tres adolescentes acusados por divulgar fotos y videos sexuales de otro menor

Tres adolescentes que fueron imputados por distribución de pornografía infantil, lograron evitar el juicio oral en su contra, al acceder a un acuerdo con la familia del adolescente afectado. Eran compañeros de escuela y tras engañarlo, obtuvieron fotografías y videos de contenido sexual que posteriormente divulgaron por diversas redes sociales, entre todo el alumnado de la escuela.

Entre el 5 y el 14 de junio de 2017, dos chicos de 16 y 17 años crearon un grupo de WhatsApp e invitaron a otro adolescente de su escuela. Posteriormente, otra alumna de la misma edad y escuela que también integraba el grupo de la red social, lo sedujo y le requirió que le envíe fotos y videos de contenido sexual, prometiéndole que luego ella también se sacaría fotografías de carácter sexual y se filmaría y se las enviaría.

Así fue como el damnificado accedió a los pedidos y envió fotografías y videos de sus genitales, que rápidamente fueron divulgados a través de diversas redes sociales, fundamentalmente ante el resto del alumnado de la escuela a la que asistían todos los involucrados.

La Fiscalía había atribuido a los tres adolescentes, el delito previsto en el artículo 128 del Código Penal, que sanciona con penas de seis meses a cuatro años de prisión al que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho años, dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

El caso tuvo su desarrollo investigativo en el que a través de diversos peritajes se logró completar el cargo, reafirmando que los tres imputados habían aprovechado cierto aislamiento de la víctima para engañarlo y de esa manera exponerlo delante de toda la comunidad educativa, ya que los videos y fotografías no tardaron en viralizarse.

Al momento de realizarse la audiencia de control de acusación, último paso de la etapa preliminar antes del juicio, las partes mantuvieron ingentes negociaciones, para lograr una salida alternativa al conflicto.

El fiscal Tomás Soto, la representante de los querellantes María Rodrigo y los defensores Marcos Cicciarello y Hugo Juan de Dios, además del defensor de Menores Javier Ospital, lograron llegar a un acuerdo y se presentaron ante el juez Marcos Burgos para que suspenda el proceso penal de manera definitiva, aunque recién en diciembre de 2020, se definirá si los tres imputados resultan sobreseídos.

Según se destacó en la audiencia, las familias de los cuatro involucrados participaron activamente de las negociaciones para buscar una salida alternativa y mantuvieron una última reunión que se prolongó por varias horas, obteniendo una solución aceptable para todas las partes, más allá de los dolores y molestias que generó, fundamentalmente en la víctima y su grupo familiar, todo lo ocurrido desde aquellos días del 2017.

En primer lugar, los tres acusados y sus grupos familiares, se comprometieron a pagar los estudios de la víctima hasta que los concluya. Vale mencionar que a partir de la ocurrencia del hecho investigado el adolescente afectado debió cambiarse de escuela y en ese sentido los tres autores del hecho abonarán las cuotas hasta el mes de diciembre de 2020. Según se estableció en la audiencia, a valores actuales, la cuota del establecimiento educativo asciende a los quince mil pesos mensuales, por lo que cada familia se hará cargo en partes iguales de un tercio del valor.

Además, hasta el mes de marzo de 2020, los tres acusados deberán cumplir con 20 horas de tareas comunitarias en una institución a definir.

Como parte del acuerdo, la Fiscalía y la parte querellante se comprometieron a solicitar el sobreseimiento definitivo de los tres adolescentes involucrados a partir del mes de diciembre de 2020, claro está, si antes de eso se dio cumplimiento a las condiciones establecidas en el acuerdo.

Como último punto del acuerdo, la familia del damnificado, constituida en Querella, se comprometió a desistir de reclamar por vía de la Justicia Civil, algún resarcimiento por los daños ocasionados.

La edad de los acusados y la del propio damnificado, impide la difusión de mayores precisiones sobre el caso, pues siguiendo los lineamientos previstos por las normativas vigentes de alcance nacional e internacional, prevalece siempre el derecho a la integridad de niños, niñas y adolescentes por sobre cualquier otro derecho y la revelación de otros aspectos contenidos en la acusación, podría llevar a develar la identidad de los involucrados.

Mariano Colombo