La APDH denuncia que “no se halla garantizada la imparcialidad de los fiscales” en el caso del bebé asesinado

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Bariloche hace saber que, ante la proximidad de la audiencia de impugnación en el caso “M” -de gran repercusión en nuestra sociedad-, entiende que no se halla garantizada la imparcialidad de los funcionarios representantes del Ministerio Público Fiscal, únicos responsables de que no se esté investigando la muerte del bebé, hijo de M y de F.

La actuación de los fiscales, apenas conocido el hecho, violó las garantías fundamentales que protegen tanto la Constitución Nacional como la Constitución de la Provincia de Río Negro, al haber allanado un domicilio sin la debida autorización judicial, intimidando en forma prepotente a una adolescente para que les franqueara el ingreso. Esta violación constitucional es el motivo por el que la jueza actuante rechazó la formulación de cargos contra M efectuada por los mismos fiscales, quienes en lugar de admitir su irregular intervención y encarar la investigación de otro modo, por ejemplo, la responsabilidad que le podría caber a F en el terrible hecho que nos ocupa, o en la determinación hacia M, o en los padecimientos de ésta -de los que existen sobradas pruebas en el legajo- insistieron en la ilegalidad de su actuación, contrariando el deber de imparcialidad que les impone el art 215 de la

Constitución de la Provincia y las normas locales -Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal- e internacionales a las que nuestro país ha adherido -Reglas Mínimas y Directrices de Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales-, y efectuaron declaraciones públicas al menos imprudentes, llevando a la sociedad a una creencia equivocada sobre las circunstancias de la causa, y atacando a modo de presión y a través de la opinión pública, la independencia de la jueza.

Si bien el señor procurador de la provincia, jefe de los Ministerios Públicos, ha dispuesto la formación de un expediente interno para investigar la conducta de los funcionarios, en tanto los mismos no sean apartados de este caso y se designen otros fiscales para continuar interviniendo, esta Asamblea considera que no se cumple con dicha normativa al no hallarse garantizada la imparcialidad de los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, aclara que es principio rector de la APDH que todos los hechos presuntamente delictivos sean investigados a fondo, pero también que los operadores judiciales sean cuidadosos en el estricto respeto y cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales fundamentales, única vía posible en el Estado de Derecho de ejercer la importantísima función que se les ha asignado.