17/04/2019

Desregular fronteras adentro solo conviene a los de afuera

Medio siglo atrás, China era un país enorme pero más bien pobre cuya influencia en el contexto internacional era mínima. Inclusive, fue tardío su ingreso a las Naciones Unidas. Pero su crecimiento económico produjo que se convirtiera no solo en potencia emergente, sino también que comenzara a desempeñar un papel cada vez más trascendente en términos globales hasta disputar el tradicional liderazgo estadounidense.

Su proceso de desarrollo no fue similar al que ensayaron otros países del sur global, cuya inestabilidad política y económica siempre conspiraron contra los potenciales con que parecían contar a priori, por ejemplo, la Argentina o Brasil. En los últimos 20 años, fueron varios los países sudamericanos que establecieron y profundizaron sus relaciones comerciales con China, aunque siempre queda por ver qué tan sustentable es el beneficio que redunda de esos vínculos.

Vista desde Beijing, su apuesta más trascendente es la Iniciativa de la Franja y Ruta de la Seda, que básicamente procura relacionar a China con los mercados de Europa y Asia. Sudamérica aparece como una prioridad de segundo orden, aunque también entra en la consideración estratégica de los asiáticos en materia de comercio y logística. En ese marco, son significativas las inversiones en los rubros minería, industria, agricultura y servicios.

Los flujos atienden tanto los objetivos chinos de exportación como las importaciones. Si bien las inversiones chinas también alcanzan a los países del norte desarrollado, su impacto relativo mayor se produce en los países que siempre están en vías de desarrollo y presentan tasas de crecimiento muy lentas, más bajas tasas de inversión. Si la llegada de esas inversiones no se produce en condiciones de correcta administración y precisas regulaciones, las consecuencias pueden ser perjudiciales.

La mayoría de las empresas chinas que invierten en el extranjero tienden a ser de medianas o grandes dimensiones. En general, son de propiedad estatal o bien, filiales de compañías estatales. En consecuencia, cuentan con respaldo gubernamental explícito. En buen romance, son instrumentos de los designios geopolíticos del gobierno chino, mientras sus contrapartes locales son de características muy distintas.

En efecto, el poder de negociación que pueda oponer inclusive una gran empresa argentina, siempre será mínimo frente al poderío chino. Esos riesgos se profundizan cuando se trata de pequeñas compañías, con posibilidades financieras y administrativas todavía menores. Frente a esa disparidad, es urgente la sanción de leyes, regulaciones y pautas que aseguren que los contratos y acuerdos que se firman, sean justos y equitativos.

La aseveración es válida para todos los sectores pero es central para actividades como la minería, que requieren de inversiones sustantivas y de largos períodos de implementación, ya que los acuerdos pueden estirarse por varias décadas en la búsqueda de rentabilidad. La supervisión del sector público es vital en temas como los desembolsos de regalías y los aspectos financieros, entre ellos, las tasas de interés, las tasas de amortización y las tarifas de los seguros.

Si se ve desde la Argentina, el cuadro es desolador, ya que en los últimos tres años y medio, el gobierno no hizo otra cosa que desregular todo aquello que pudo en su afán de “volver al mundo”. Frente al inabarcable poder chino, el sector público nacional parece minúsculo y solo se preocupa por reducir el déficit, en los términos que plantea el pensamiento económico ortodoxo, que dicho sea de paso, nunca se aplicó en la potencia súper emergente.

¿Con qué fortaleza irán los organismos pertinentes a establecer y vigilar impuestos, aranceles y otros gravámenes? ¿Qué secretarías o direcciones tendrán posibilidades de evitar o mitigar los impactos ambientales negativos si apenas si cuentan con presupuesto? ¿Con qué efectividad podrán las autoridades en materia laboral fiscalizar la justicia de los salarios o la existencia de servicios esenciales como asistencia médica?

Ante la llegada de los nuevos emprendimientos, es necesario fiscalizar que los actuales poseedores de la tierra, ya sean campesinos o comunidades indígenas, no sufran desplazamientos desde sus moradas ancestrales. Difícil que el Estado pueda garantizar en forma mínima derechos, algunos de los cuales son humanos, si resigna potestades y piensa solo en el corto plazo. No solo frente a operadores chinos, sino frente a las corporaciones que sean.

Precisamente y a diferencia de las inversiones tradicionales de las empresas occidentales, la mirada china es de largo plazo. Endurecer las condiciones ayudará a desalentar a quienes únicamente se interesan por un rápido retorno, en favor de asociaciones de duración más larga que redunden no solo en beneficio del PBI chino, sino también de las empresas anfitrionas y sobre todo, de las trabajadoras y trabajadores argentinos.

Hay que dejar rápidamente de lado la política de las permanentes genuflexiones. Si esperan a profundizar la competencia con las corporaciones occidentales, las chinas también deberán desarrollar programas de responsabilidad social.

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