DIFERENCIAS CON CASOS DE RODRIGO HREDIL Y MICAELA BRAVO

| 25/03/2019

Meyreles compró un chip de telefonía a nombre de Lucas Muñoz a pedido de Valenzuela

Mariano Colombo
Meyreles compró un chip de telefonía a nombre de Lucas Muñoz a pedido de Valenzuela

 

Apenas un tramo de la audiencia de juicio de este lunes bastó para confirmar la acusación que pesa contra Néstor Meyreles y Federico Valenzuela, a quienes atribuyen el delito de abuso de autoridad por obtener un chip de telefonía celular a nombre del entonces desaparecido Lucas Muñoz, sin que las autoridades policiales y judiciales lo hayan ordenado. El titular del comercio de la ciudad de Catriel, lo confirmó en su testimonio.

Elio Mauricio Carrera, propietario del comercio en el que Meyreles compró el chip, fue el primer testigo en pasar ante el juez Marcelo Barrutia, que interviene en el caso. Dijo que conocía a Meyreles y había entablado una relación de amistad con él, a partir de sus frecuentes visitas al comercio. Recordó que el acusado se presentó aduciendo que Muñoz no podía acudir al comercio y con los datos personales del entonces oficial desaparecido, compró un chip.

Explicó además que con el correr de las horas Meyreles blanqueó que en realidad Muñoz estaba desaparecido y que actuaba a pedido de Valenzuela.

El comerciante reveló que luego de los hechos, la firma Movistar le retiró la representación oficial por haber realizado un procedimiento irregular en la venta del chip y el pedido de activación de la línea. Además, relató que en anteriores ocasiones Meyreles lo había contactado para realizar procedimientos similares en los casos en los que todavía se investigaban las desapariciones de Micaela Bravo y Rodrigo Hredil -los dos fueron encontrados sin vida después.

Los acusados, Meyreles de 58 años y actualmente en funciones en Villa Manzano y Valenzuela de 27 años y actualmente pasado a disponibilidad, se negaron a brindar sus declaraciones, amparándose en el derecho a guardar silencio. Sin embargo, se incorporó al juicio el contenido de sus declaraciones indagatorias brindadas durante la instrucción del caso.

El subcomisario José Jaramillo relató que al momento de la desaparición de Lucas Muñoz, trabajaba en la comisaría 42, la misma en la que prestaba servicios el oficial. Fue pasado a retiro obligatorio y manifestó que por esa causa, no tenía ningún tipo de presión para declarar. Relató que fue apartado de la investigación policial y reemplazado por el subcomisario Eliseo González, desconociendo el destino de la misma, aunque advirtiendo que González terminó investigándolo a él y por ello lo sacaron de la fuerza.

El sargento primero Víctor Meriles trabajaba por entonces en el destacamento de Sargento Vidal, junto a Meyreles. Relató que un día le prestó su teléfono celular para realizar una llamada y a los pocos días cuando se enteró de los allanamientos en el destacamento y la detención de su compañero, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía y entregó su equipo de telefonía para que sea peritado, porque "quería desligarme de todo".

Finalmente declaró el comisario Juan Osvaldo Huanque, actualmente a cargo de la comisaría Cuarta de Cipolletti, pero al momento de los hechos, destinado en la comisaría 42 en la que trabajaba Lucas Muñoz. Relató que en esa dependencia coincidió con Valenzuela y Meyreles y que en el marco de la causa por la desaparición de Micaela Bravo -que posteriormente fue hallada asesinada- también trabajaron en la sábana de llamadas de su teléfono celular, aunque en esa causa los elementos para analizar fueron aportados por el entonces fiscal del caso, Eduardo Fernández.

En el inicio del juicio se leyó la acusación completa contra los dos acusados y tras la ronda de testimonios se dispuso un cuarto intermedio hasta la mañana de este martes, para reanudar con la incorporación de otros testigos.

El hecho investigado ocurrió el 15 de julio de 2016; cuando sin contar ambos imputados con la autorización de un juez competente, ni estando designados para la investigación sobre la desaparición del empleado policial Lucas Muñoz, generaron la adquisición de un chip en la localidad de Catriel a su nombre. Entorpeciendo de ésta manera, según consta en la acusación, la pesquisa dispuesta a dar con su paradero. El hecho descripto encuadra en el delito de abuso de autoridad, de acuerdo a lo normado en el artículo 248 inciso 1° del Código Penal, y es sancionado con penas que van de un mes a dos años de prisión.

Mariano Colombo

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