Erradicar vocaciones golpistas

Se designa “golpe de Estado” a la violación de la legalidad institucional que rige, precisamente, en un Estado. Lleva adelante esa vulneración un grupo que suele pretender, a través de la fuerza, sustituir o derrocar al gobierno existente para instalar otro propicio a sus intereses. Generalmente, el nuevo régimen se configura con las propias fuerzas golpistas, como pasó en la Argentina de 1976.

El golpe de Estado es un ataque contra la soberanía popular que, en forma habitual, tiene como blancos a los organismos que, en el sistema de la democracia representativa, funcionan como depositarios del mandato de los pueblos, es decir, el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo. Es más, las interrupciones del orden constitucional suelen tener serias consecuencias para sus miembros.

Como bien sabemos en Latinoamérica, quienes participan e impulsan golpes de Estado acostumbran a ejercer control o, al menos, a influir severamente sobre elementos estratégicos del orden estatal, como las fuerzas armadas y de seguridad. Además, en el manual golpista figura hacerse rápidamente del control de los medios de comunicación, para asegurar el éxito. Los que peinamos canas sabemos que, durante muchos años, el golpe de Estado funcionó como instrumento habitual para el derrocamiento de gobiernos, no sólo en la Argentina.

Desde los países más desarrollados, se solía hablar de “insuficiente madurez política” a la hora de intentar la comprensión de la sucesión interminable de atentados contra el orden constitucional que padecíamos. Claro que todas sus trasnacionales hicieron inmensos negocios con las cúpulas militares de turno, sin que a la hora de evaluar los balances empresariales tuvieran Europa o Estados Unidos mayores complejos de culpa. Más bien, al contrario. Si incluso en los años recientes de “primavera árabe”, ante el efecto dominó que sufrieron varios dictadores del norte de África, se probaron los excelentes vínculos entre las capitales europeas y quienes hambreaban a sus pueblos.

El golpe de Estado es el acto autoritario por antonomasia. Constituye un atentado que se medita previamente, de por sí ilegal y prepotente, para afectar la organización, el funcionamiento y la competencia de las autoridades que se instituyen con las formalidades que prevé el ordenamiento en vigencia. Ese atentado suele obedecer a un plan cuya primera meta es hacerse del poder, con la finalidad de modificar en forma drástica la orientación política de la administración a deponer.

Por ejemplo, el actualmente estratosférico endeudamiento externo de la Argentina comenzó a contraerse entre 1976 y 1983. Pocos discuten, a esta altura de las constataciones, que la finalidad económica de la última dictadura consistió en reestructurar el perfil de la Argentina de una manera regresiva. En ese marco, recurrir al endeudamiento externo fue central para reorganizar las relaciones económicas en perjuicio del empresariado nacional y el movimiento obrero, con el corolario de privatizaciones, desregulaciones y liberalización económica que bien conocemos. Todas transformaciones que provocaron el predominio de los grupos más concentrados y la posición dominante de las trasnacionales.

Mientras, en el plano local, el Proceso de Reorganización Nacional se presentaba ante su gobernados como la salvaguarda de la continuidad argentina ante la amenaza apátrida de la subversión, en los hechos, su accionar de gobierno fue funcional a las necesidades de los grandes especuladores internacionales, que a mediados de los 70 contaban con excedentes de capital y no encontraban colocación, ya que los países centrales atravesaban un período de recesión. Al endeudarse, el país no resolvió ninguno de los problemas que por entonces tenía, sino que corrió en auxilio de la falta de rentabilidad del capital financiero.

Muy ilustrativas fueron las líneas que, en su momento, escribió Félix Luna, quien justamente, al retornar la democracia en 1983, dio a conocer un libro sobre la historia de las interrupciones del orden constitucional en la Argentina. “Los golpes militares están determinados por el predominio de las Fuerzas Armadas por sobre las demás instituciones de gobierno. En tales circunstancias, el presidente es nombrado por los jefes de las Fuerzas Armadas y el parlamento reemplazado por las deliberaciones entre los mandos superiores de las distintas armas en la Junta de Comandantes. Las garantías constitucionales son suspendidas y las personas encontradas en actividades políticas son perseguidas como delincuentes. La Justicia y la Policía quedan supeditadas a las Fuerzas Armadas y el aparato burocrático del Estado continúa, con pocos cambios, sirviendo al nuevo régimen”. Pocas definiciones tan simples como acertadas...

Cuarenta y tres años después del último golpe de Estado, las definiciones y hechos que traemos a colación pueden parecer inverosímiles, sobre todo, para las nuevas generaciones. Pero recordemos que periódicamente, como sucedió en el conflicto entre el gobierno de Cristina y las entidades rurales, reaparecen nostálgicos que hacen gala de su vocación golpista. Nada bueno puede resultar si se reeditaran aquellas dolorosas experiencias.