Editorial
02/03/2019

La política energética vulnera derechos

Desde el comienzo, la alianza Cambiemos situó a la problemática energética en el centro de las “transformaciones” que habían prometido sus candidatos en campaña. Para incidir en la ciudadanía, instaló un correlato entre la búsqueda de “seguridad energética” y la implementación de un interminable programa de aumentos, junto con quita de subsidios a los consumos de energía eléctrica y gas natural.

Sobre fines de 2015, el gobierno nacional declaró a la energía en emergencia para buscar una restitución del “equilibrio perdido” que, según su óptica, se debía a una acumulación de desajustes e irracionalidades durante el período anterior. Grosso modo, decían los funcionarios que el esquema de precios no remuneraba en forma adecuada a los productores de energía en la Argentina y que la ineficiencia se probaba con la existencia de multimillonarios subsidios.

Como quedó claro durante el discurso presidencial del viernes, todavía hoy el elenco gobernante cree que hay que culpabilizar al pueblo argentino por su hipotética costumbre de derrochar energía. Si bien ya van tres años y monedas de “políticas eficientes de mercado”, el panorama es calamitoso porque, lisa y llanamente, pusieron en peligro el acceso de buena parte de la población a bienes fundamentales para llevar una vida digna.

El presidente se cuidó muy bien de referirse a cifras durante sus palabras ante la Asamblea Legislativa y es comprensible. Entre 2016 y 2018, los aumentos oscilaron entre el 600 por ciento y el 1.500 por ciento en el caso del gas natural. En el caso de la energía eléctrica, los ajustes fueron del 700 por ciento al 2.500 por ciento, con una dispersión tal en los precios que pareciera que habláramos de varios países y no de uno.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se sufrieron los peores ajustes en el valor medio del kilovatio/hora y en el metro cúbico consumido, para el caso de la energía eléctrica y el gas natural, respectivamente. Los ajustes en los cargos variables superaron el 1000 por ciento y, en muchos casos, llegaron a valores superiores al 5.800 por ciento. Un ejemplo: con los últimos aumentos de febrero, un consumo de 350 kwh mensuales en el AMBA pasó a pagar 2,71 pesos por kwh, cuando a fines de 2015, ese valor estaba en 0,425 centavos, parámetro que implica que, para el consumo, el precio subió 64 veces en 38 meses. Otro tanto sucedió con los cargos fijos.

Se supone que, desde la Casa Rosada, se gobierna para procurar el bienestar de argentinos y argentinas, pero cualquier tipo de comparación con la evolución de los salarios y la inflación permitirá entrever que sus actuales ocupantes piensan en otros términos. La remuneración promedio de los trabajadores registrados creció, hasta diciembre de 2018, un 118 por ciento, mientras que la Asignación Universal por Hijo se quedó en un 117 por ciento y las jubilaciones en 116 por ciento promedio. Por su parte, la inflación acumuló más de 158 por ciento en tres años.

Cualquiera que siga esta columna sabrá que nada nos vincula con la experiencia gubernamental anterior pero, mientras a fines de 2015, un hogar destinaba alrededor del 6 por ciento de sus ingresos para afrontar los servicios públicos esenciales, hacia fines de 2018, esa proporción se cuadruplicó y algo más, para representar el 26 por ciento.

En su alocución, el presidente se vanaglorió de la independencia del Poder Judicial pero omitió mencionar que en materia energética, el Poder Ejecutivo no tuvo inconvenientes en desoír sus fallos. En 2016, cuando la Corte de Suprema de Justicia frenó los primeros “tarifazos” de gas natural, se refirió a la necesidad de fijar tarifas “justas y razonables” que respetaran criterios de gradualidad, razonabilidad y progresividad, al tratarse de servicios públicos esenciales y que comportan derechos humanos fundamentales. No hacen falta mayores comentarios al respecto…

Como frutilla del postre, al decidir la dolarización de los precios mayoristas, el gobierno legalizó una enorme transferencia de ingresos que parte desde los bolsillos de los usuarios asalariados. El precio del gas en boca de pozo se ajustó más de 200 por ciento entre octubre de 2016 y fines de 2018. El dato no es menor porque determina la estructura de la oferta y el consumo energético, ya que el gas natural explica el 52 por ciento de la oferta primaria de energía y, al mismo tiempo, es insumo fundamental para la producción de energía eléctrica de origen térmico, es decir, el 65 por ciento del total de electricidad que genera el sistema.

Amenazar seriamente el acceso a la energía de las grandes mayorías o situarlo fuera del alcance no tiene nada de racional y, más que una “transformación”, es una brutal regresión hacia situaciones de postergación. La energía es un derecho, no una mera mercancía.

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