Editorial
09/02/2019

Siempre será válido el objetivo de pugnar por más y mejor democracia

Ya se viven tiempos preelectorales en Río Negro y en la jurisdicción nacional. En dos meses comenzará para las y los habitantes de esta provincia el periplo eleccionario, que incluirá al menos cuatro citas durante 2019: la provincial, las PASO, la municipal y la nacional. Si las cosas no se resuelven en octubre, quedaría aún el compromiso del balotaje, para dirimir quién se sentará en el Sillón de Rivadavia desde el 10 de diciembre.

La concurrencia periódica a las urnas se asume hoy con naturalidad, pero no siempre fue así. La Ley Nacional de Elecciones 8.871 o Ley Sáenz Peña se sancionó el 10 de febrero de 1912. Antes, votar resultaba una auténtica aventura y en términos reales, recién llevamos los argentinos 107 años de ejercicio democrático, aunque hasta 1983 nuestra historia institucional se caracterizó por periódicas interrupciones.

La Ley Sáenz Peña desechó el voto calificado y estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio. También instituyó el sistema de lista incompleta, que permitió la representación de las minorías. Antes de la vigencia de esa ley, sostener que existía democracia en la Argentina constituye una desproporción. La Constitución Nacional que se había aprobado en 1853, no definía el sistema electoral ni daba pautas mínimas para su organización.

En términos formales, en la Argentina siempre rigió el voto universal, pero hay que recordar que las metodologías más ruinosas de fraude funcionaron con total desinhibición hasta comienzos del siglo XX. Obviamente, cuando nos referimos a la universalidad del voto, no hay que perder el contenido machista que esa aseveración tuvo en el país hasta 1952, ya que las mujeres no pudieron ejercer la ciudadanía hasta esa fecha.

El fraude alcanzó su máximo esplendor a partir de la derrota de la Confederación en la batalla de Pavón, con la instalación en el poder de la elite que primero encarnaron Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Luego, las prácticas se terminaron de naturalizar con la permanencia en el poder de Julio Roca y durante las dos décadas que llevaron su estigma. Pero ya a fines del siglo XIX comenzaron a levantarse las voces que reclamaron por una vigencia plena de la democracia.

Transitar de la violencia electoral a la compra de votos, significó un cambio de calidad importante. En aquellos tiempos, la hipocresía no tenía límites, si inclusive un gran hombre, como fue Carlos Pellegrini, afirmó que “no hay voto más evidentemente libre que el que se vende”. Toda una declaración de principios que no alcanza a convertirse en confesión, porque los autores del hecho no tenían presente la noción de pecado...

Los historiadores de diversos signos señalan que a partir de 1861 comenzó la construcción del Estado nacional. En aquellos albores, para poder votar los ciudadanos debían figurar en los padrones que confeccionaban el gobierno nacional o los provinciales. Pero las nóminas no tenían que ver con la cantidad de argentinos mayores de 18 años que residieran en determinado distrito, sino que eran más extensas o menos según la cantidad de cargos que había para repartir.

El único sentido que tenían las elecciones era garantizar la continuidad de quienes estaban en el poder o bien, la asunción de sus delfines. Los padrones se confeccionaban sin exigir documento de identidad alguno, en consecuencia, una de las irregularidades más comunes era la presencia en determinada localidad de votantes que residían en otro lado o bien, de personas inexistentes. O fallecidas.

El presidente de la mesa no tenía la posibilidad de saber si quien se presentaba, era efectivamente el portador de ese nombre y apellido. Fue recién bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña que se empezaron a reconocer las impresiones digitales para la identificación. Más tarde, se agregó una fotografía. Por eso eran comunes los “juicios de tacha”: la gente cuya simpatía política era adversaria al oficialismo, iba a votar y se encontraba con que su nombre estaba tachado.

En los tiempos de los supuestos “demócratas” que terminaron con la “barbarie” del interior, los diputados se elegían por lista completa, es decir, asumían todos los legisladores de la lista más votada, aunque ganaran por un voto. No había representación de las minorías. Como puede advertirse, las restricciones eran sustantivas. Por eso se explica la entonces mítica abstención revolucionaria del radicalismo.

Como consecuencia de esa presión, Sáenz Peña buscó un acuerdo con Hipólito Yrigoyen. El presidente pensó que charlaba con algún integrante del “acuerdo” y le ofreció dos ministerios. Ante la inflexibilidad del “Peludo”, accedió a impulsar una reforma electoral que garantizara la libertad del voto. La reforma tuvo lugar en 1912 y con su instrumentación, la UCR llegó por vez primera a la Casa Rosada. Siempre será válido el objetivo de perseguir más y mejor democracia.

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