Editorial
06/02/2019

Ayer dominio británico. ¿Y hoy?

“La Argentina se parece a un importante dominio británico”. La declaración la formuló un miembro de la delegación argentina que hacia fines de enero de 1933 se dirigía hacia Londres. La encabezaba Julito Roca, hijo del dos veces presidente.

No era el único que pensaba de esa manera. “Siendo de hecho la Argentina una colonia de Gran Bretaña, le conviene incorporarse al Imperio”, concluyó un miembro de la Cámara de los Comunes.

En este clima desembarcó el 6 de febrero de ese año la misión que tenía como objetivo negociar acuerdos comerciales con el gobierno inglés, “el mejor cliente de la Argentina” según el pensamiento de entonces. En aquellos tiempos, los países más poderosos buscaban soluciones drásticas para recuperarse del crack que había sufrido la Bolsa de Nueva York. Cuatro años antes, solo en Estados Unidos habían quebrado cinco mil bancos.

Como consecuencia, totalizaban 30 millones los desocupados en el “gran país del norte”, Francia, Alemania, Inglaterra e Italia. Sus gobiernos daban manotazos de ahogado para salvar sus economías y desembocaron en un nacionalismo a ultranza, que entre otras metas se fijó el autoabastecimiento. Nada de librecambio y apertura comercial. En la célebre Conferencia de Ottawa, Downing Street organizó la estructura de sus territorios coloniales y como consecuencia, la Argentina sufrió el impacto.

Gran Bretaña limitó drásticamente las importaciones de carne bovina enfriada y ovina congelada. La medida resultaba grave para los intereses de la Pampa Húmeda que, desde el golpe del 30 en Buenos Aires, estaban una vez más en el poder. La dependencia de la economía nacional de las exportaciones agropecuarias era absoluta. Por eso el presidente Justo –que había asumido gracias a elecciones fraudulentas- envió a la capital británica una misión muy especial. “La Argentina por su interdependencia recíproca es, desde el punto de vista económico una parte integrante del Imperio Británico”, dijo el entonces vicepresidente.

El tristemente célebre pacto, que luego se conoció como Roca-Runciman, se firmó el 27 de abril de 1933. En sus cláusulas se advierte la inconmensurable codicia imperial y la vocación argentina por las humillaciones. Como consecuencia, Gran Bretaña se aseguró un importante mercado ante la creciente rivalidad de Alemania pero sobre todo, de Estados Unidos.

A comienzos de los 70, un joven investigador estadounidense, Daniel Drosdoff, estableció el verdadero alcance del Pacto. El acuerdo rigió durante 15 años, ya que solo fue reemplazado durante el primer gobierno de Perón. El diario “La Opinión” del 31 de octubre de 1971 publicó un fragmento de las conclusiones a las que arribó Drosdoff, quien fue corresponsal en Buenos Aires de United Press.

Por el artículo 1ro se establecía que el gobierno argentino, “valorando los beneficios de la colaboración del capital británico en las empresas que funcionan en la República Argentina”, dispensaba a Gran Bretaña un “tratamiento benévolo”. En efecto, a cambio de la continuidad en la exportación de carnes sin restricciones, se otorgaron masivos privilegios. Por ejemplo, liberación de las remesas de ganancias para las empresas de capital inglés.

Otro, traspasar a manos británicas importantes sectores de la actividad local, como la monopólica Corporación de Transportes de Buenos Aires. En los hechos, las limitaciones que la Argentina impuso al comercio con otros países a instancias británicas, situó bajo control inglés la organización económica nacional. Los estancieros felices, los sectores populares, pauperizados.

Drosdoff estableció que en el marco del “tratamiento benévolo” quedaban incluidas “las empresas de servicios públicos y otras”. Entonces, resultaban particularmente favorecidos los ferrocarriles, en aquellos tiempos el principal servicio público, de capital británico. “La dificultad de interpretar en qué punto termina el tratamiento benévolo y en qué punto comienza la intervención en los asuntos internos de la Argentina fue un punto discutido entre la embajada británica y la Cancillería argentina a lo largo de la década del 30”, informaba.

Un funcionario británico se encargó de aclararle al vicepresidente Roca qué entendía la Corona por “tratamiento benévolo”. En primer término, “que la Oficina argentina de cambio asigne suficiente cambio (cotización) de libras esterlinas a los ferrocarriles”; en segundo que “el gobierno argentino tome medidas para ayudar a la compañía Tramways Anglo-Argentina”; en tercero, que la Argentina “dé preferencias a compañías británicas en licitaciones públicas” y que cancele “el impuesto general del 10 por ciento ad valorem sobre importaciones”. Las británicas, obvio.

Al votar la aprobación de la nueva ley de transportes que derivó de las exigencias británicas, un senador de apellido Villafañe, afirmó que la nueva norma significaba “la prohibición clara y categórica para todo argentino de entrometerse en el negocio de los transportes, que no puede pertenecer por ley más que a las empresas inglesas. El crimen que tal disposición significa clama al Cielo”. ¿Cuántos pactos Roca-Runciman estarán vigentes en el siglo XXI?

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