La transición energética profundiza la mercantilización

En la Argentina, la temática de las energías renovables ingresó a la agenda política durante el actual gobierno y no antes. Desde ya, a la manera de Cambiemos: extrema mercantilización y profundización de la dependencia, tanto económica como tecnológica. La maniobra fue posible porque la cuestión brilló por su ausencia durante “la década ganada”; porque gran parte de la sociedad es sensible a la problemática y porque, además, es una gran fuente de negocios.

En el período anterior, se acentuó la dependencia de los combustibles fósiles a partir de la compra de la mayoría accionaria de YPF (2012) y del rango de “vedette” que alcanzó la explotación de hidrocarburos no convencionales, a través de la metodología de la factura hidráulica. El guiño progresista se había expresado a través de la Ley 26.190, que fijó que para 2016, el 8 por ciento de la generación eléctrica debía provenir de fuentes renovables. Objetivo que quedó lejísimos.

Si bien se desarrolló el “mapa de vientos” de la Argentina y se registraron avances en diversas provincias, el boom de las materias primas exportables, entre ellas la soja, más la extraordinaria rentabilidad de la mega-minería junto con las ganancias del sector petrolero, obstaculizaron la transición. En consecuencia, en 2015, las energías solar y eólica apenas representaban el 0,5 de la generación energética.

El país no fue la excepción a la regla. Salvo Uruguay, ninguno bajo administración “progresista” se asignó con seriedad la tarea de discutir de qué manera se iría a desarrollar la transición en materia energética, desde los combustibles de origen fósil a las energías renovables. Tampoco se pensó en qué relaciones deberían existir entre el sistema energético y una sociedad socialmente justa, en un contexto de sustentabilidad ambiental.

El gobierno anterior soslayó críticas ambientales y económicas, al abrazar la hipótesis según la cual Vaca Muerta permitiría superar el déficit energético e inclusive, exportar como potencia petrolera. A pesar de abrevar en otros signos ideológicos, Cambiemos también participa de esa idea y desde 2016 profundizó la apuesta por los hidrocarburos no convencionales, a través de asociaciones con trasnacionales y otorgamiento de subsidios.

Las consecuencias están más o menos a la vista: se registraron extraordinarios desembolsos en favor de compañías que son extranjeras, a través de incrementos tarifarios interminables que ya no pueden sostener la mayoría de los argentinos. Al mismo tiempo, el gobierno actual impulsó las renovables a través de tres licitaciones, pero otra vez en beneficio de las grandes corporaciones del sector.

Cambiemos habla “modernización ecológica” y de “economía verde”, pero su modelo acentúa la mercantilización de la energía, sin diferenciar la fuente. Luchar contra el cambio climático es urgente y diversificar la matriz energética se relaciona íntimamente con el objetivo, pero el sector público no puede estar ausente del proceso. Menos aún, en un contexto de profundización de las desigualdades económicas y sociales.

Después de arremeter contra la industria nacional, contra la ciencia y contra el sector tecnológico (algo entendemos los barilochenses del tema), la vía de Cambiemos hacia la transición energética significa una profundización de la dependencia tecnológica. El avance hacia las energías renovables –sobre todo eólica y solar- ratifica el carácter privatista y extranjerizado del modelo energético argentino. Rasgos que se instalaron desde 1989 en adelante.

La presencia de ciertos actores globales puede ser inevitable, pero la importación de componentes claves desde China y la Unión Europea, atentan contra el objetivo de la equiparación tecnológica y el desarrollo que el sector había esbozado durante el período anterior. Por otro lado, el marco regulatorio y privatista del sector eléctrico es el mismo de los 90 y nunca se cuestionó. Ni siquiera durante el período “nacional y popular”.

En 2017, un informe estableció que, a escala global, más de la mitad de las emisiones industriales a contar desde 1988, correspondieron a 25 empresas y entidades estatales. En el listado figuran grandes petroleras como ExxonMobil, Shell, BP y Chevron (la última es socia de YPF en Vaca Muerta). Pero más allá de su presencia en la Argentina, hay que decir que hablar de transición energética mientras al mismo tiempo, desde el gobierno se promueven el monocultivo, la deforestación, la destrucción de humedales y el incremento de la producción de combustibles fósiles no convencionales, es una fantochada. Defínanse sus impulsores como progresistas o sean catalogados de neoliberales…

La lucha contra el cambio climático no puede confiarse al Banco Mundial… Es asunto sobre todo de las organizaciones campesinas, de los trabajadores y trabajadoras, de los movimientos indígenas y de las entidades ecologistas, tanto de la Argentina como del mundo. La mercantilización de la energía implica buscar una salida capitalista a una crisis que es civilizatoria y que ese mismo modelo generó. Existen otras alternativas.