En materia de derechos humanos, falta mucho para “volver al mundo”

En su informe correspondiente al año pasado, Human Rights Watch (HRW) encontró que, en la Argentina, “existen problemas de derechos humanos históricos como el abuso policial, las condiciones de detención deficientes, la violencia endémica contra las mujeres y los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas para ejercer sus derechos con arreglo al derecho argentino e internacional”. Además, “persisten serias restricciones al aborto y dificultades en el acceso a servicios reproductivos”.

La ONG dio a conocer la actualización de su informe el jueves último y su parecer sobre la Argentina es un tanto lapidario. “También son preocupantes la impunidad por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, ocurrido en 1994, las disposiciones penales imprecisas que cercenan la libertad de expresión y las demoras en la designación de jueces permanentes”, fustigó.

Como aspectos positivos, HRW destacó que el país lograra “avances significativos en la protección de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) y en el juzgamiento de abusos cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), si bien hubo demoras en algunas de las causas”. Sobre el último aspecto, puntualizó que, a noviembre de 2018, según el Ministerio Público, “había 3007 personas imputadas, 867 condenadas y 110 absueltas en relación con delitos presuntamente cometidos durante el último gobierno militar argentino. De 599 casos de supuestos delitos de lesa humanidad, los jueces se habían expedido en 203”. El ritmo es un tanto cansino…

También puntualizó HRW que, hasta noviembre último, “se había identificado a 128 niños, hijos ilegalmente quitados de sus padres y apropiados por otras personas durante su infancia en la dictadura de 1976 a 1983. Muchos de ellos se reencontraron con sus familias”. Además, “en mayo, un tribunal de apelación ratificó la condena penal de 12 personas acusadas de participar en la Operación Cóndor (…) Fueron condenadas con hasta 25 años de prisión por su participación en una asociación ilícita que secuestró a 103 personas”.

En materia de libertad de expresión, destacó la ONG internacional que, al asumir, el actual gobierno “dictó una serie de decretos de necesidad y urgencia para regular los medios de comunicación, y creó un nuevo organismo provisorio que implementaría las nuevas normas. El organismo depende del Ministerio de Modernización y, por lo tanto, no es independiente del Poder Ejecutivo, lo que compromete su capacidad para actuar de manera independiente de los intereses del gobierno”, hizo notar el informe.

Durante el primer año de su gestión, “el gobierno indicó estar trabajando en la redacción de una ley de comunicaciones que, según anunció, respetaría la libertad de expresión. Al momento de elaboración de este informe, la ley aún no había sido presentada ante el Congreso y el ente —que supuestamente tiene carácter provisorio— había dictado resoluciones sobre reglamentación de medios”, cuestionó HRW.

Su examen también se detuvo en los centros de detención y en los abusos que cometen miembros de las fuerzas de seguridad. “Sigue habiendo en las cárceles argentinas problemas de sobrepoblación, maltrato por parte de guardias, condiciones edilicias inadecuadas y violencia entre internos. La Procuración Penitenciaria de la Nación, creada por el Congreso en 2003 para supervisar las cárceles federales y tutelar los derechos de los detenidos, informó sobre la muerte violenta de seis presos en cárceles federales en el primer semestre de 2018, pero no identificó a los responsables. Este organismo también dijo que hubo 301 supuestos casos de tortura o maltrato en cárceles federales entre enero y junio de 2018, luego de haber registrado 615 en 2017”.

HRW no pasó por alto que “en febrero, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich manifestó que el gobierno modificaría el Código Penal para proteger a los policías que disparen a una persona que creen que está cometiendo un delito. La ministra señaló que todas las acciones de los policías debían ‘presumirse’ como lícitas. La ministra expresó ese compromiso tras un resonado caso en el cual un policía mató a un hombre que se estaba dando a la fuga tras apuñalar a un turista en Buenos Aires. En diciembre, el gobierno adoptó una resolución que concede excesiva discrecionalidad a agentes federales en el uso de armas de fuego”, resaltó el texto.

Por último para esta columna, HRW recordó que “en Argentina, el aborto es ilegal, salvo en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer se encuentra en riesgo. Pero aun en esos casos, a veces, mujeres adultas y jóvenes son procesadas penalmente si solicitan abortos, y encuentran dificultades para acceder a servicios de salud reproductiva, incluyendo anticoncepción y esterilización voluntaria”. Como puede advertirse, en materia de derechos humanos resta bastante para “volver al mundo” y a los estándares de los países que admira el staff gobernante.