Probation para dirigentes gremiales municipales

Nueve dirigentes gremiales municipales de nuestra ciudad accedieron a una suspensión de juicio a prueba, en una causa por atentado al orden en una sesión del Concejo Municipal, ocurrida en diciembre de 2015.

El abogado defensor de los acusados en función del artículo 14 del Código Procesal Penal que sostiene "se procurará la solución al conflicto primario surgido a consecuencia del hecho"; requirió se suspenda la persecución penal a cambio del cumplimiento de determinadas pautas de conducta, el aporte de un monto económico destinado a una organización social o de bien público que el Concejo Municipal ordene. Se agrega el pedido de disculpas público, realizar cursos en referencia a derechos humanos y convivencia democrática, trabajo comunitario y el compromiso de no reiterar hechos similares.

El fiscal jefe Martín Lozada entre sus argumentos manifestó que la propuesta formulada por la defensa se ajusta a las expectativas procesales que emergen del nuevo Código Procesal Penal. "En efecto, éste auspicia la solución del conflicto primario, restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social".

Agregó además que "la probation, para ser claro y preciso, nada tiene que ver con la impunidad. Muy por el contrario, trae aparejado una activa participación del ofensor en lo que a la reparación del daño perpetrado se trata".
Por último, destacó que "cabe valorar el arrepentimiento de los imputados, su expresión pública y el compromiso de no repetición. Se trata de un medio que valoriza la reflexión, el diálogo entre las partes y la posibilidad de reparar los perjuicios causados. Estamos frente a un modo de resolver el conflicto que no excluye a las partes involucradas y que como tal, fortalece la propia dinámica democrática".

El Juez de Garantías Juan Martín Arroyo hizo lugar a la aplicación de la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, valorando el "nuevo marco legal que genera el código procesal vigente. La solución que hoy se está proponiendo a este conflicto es superadora de aquella que se obtendría en el caso de una sentencia condenatoria", dado que permite que cada uno de los involucrados pida disculpas sin autoincriminarse y proponga un monto superior además del cumplimiento de los otros conceptos ofrecidos. Recordó que en caso de no cumplir con las pautas de conducta previstas el beneficio se revoca.

Finalmente, uno por uno de los imputados realizó un pedido de disculpas públicas por los hechos sucedidos.

Cuando se conoció la decisión de no llevar a los municipales a juicio, la concejala Cristina Painefil, quien estaba junto a su abogada como parte de la querella, se retiró de la sala.

Legisladora Paz había pedido “fallo ejemplificador”

Al referirse a la posibilidad que no haya un juicio contra los nueve empleados municipales imputados, por agredir a la edil Cristina Painefil, (previo a la audiencia de ayer) la legisladora Silvia Paz (Juntos Somos Río Negro) aseguró que “han vulnerado sus derechos y han afectado su integridad física”.

“La justicia debe en su fallo, ser ejemplificadora”, dijo Paz y agregó que “no se puede naturalizar este tipo de hechos que afectan a la democracia toda”.

La legisladora oficialista, quien además es titular de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Río Negro, se lamentó porque en caso de que se suspenda el juicio -ver nota principal-, la edil atacada “no podrá contar a la sociedad lo que, como mujer, ha vivido y sentido”, en referencia al tipo de golpes que le propinaron en medio de una sesión del Deliberante.

Los hechos violentos ocurrieron el 11 de diciembre de 2015, cuando se trataba la declaración de emergencia económica en Bariloche.

La concejala de Juntos Somos Bariloche Cristina Painefil sufrió un corte en la mano derecha durante la tensa sesión en la que aprobaron por mayoría establecer la emergencia económica de la Municipalidad.

Dirigentes del SOYEM y empleados municipales asistieron a la sesión para manifestarse en contra de la ordenanza creada por el intendente Gustavo Gennuso y en ese marco se produjeron enfrentamientos verbales que culminaron con agresiones físicas.

Tras la aprobación por mayoría -de los concejales de JSB y el concejal del Pro Daniel González- las personas presentes rompieron jarras, platos y vasos que se encontraban sobre la mesa y la edil resultó lesionada en una mano. Su par, Julia Fernández, sufrió una crisis y rompió en llanto tras los episodios.

Esos sucesos “son de una significativa gravedad institucional, como ya he declarado oportunamente”. Siempre hablando antes de la determinación, la legisladora rionegrina y exmiembro del cuerpo deliberante municipal agregó: “la concejal Painefil, ha manifestado su preocupación, ante la posibilidad de la suspensión del juicio a prueba para los nueve trabajadores municipales, de acuerdo con lo expresado por el jefe de fiscales, Martín Lozada”.

“Si bien fue electa por los vecinos, antes de concejal, es mujer, y una mujer que ha defendido y ha luchado por los derechos de sus pares. Y esta vez, han vulnerado sus derechos, han afectado su integridad física”, consideró Paz.

“Y me preocupa. Me preocupa como vecina, como mujer, como madre. No han manifestado interés por su salud. Y no han sido hechos insignificantes los sufridos en esa sesión”, remató la legisladora provincial de Juntos Somos Río Negro.