Investigación del asesinato de Micaela Bravo podría cerrarse por un error de la Justicia

Visiblemente contrariada, la fiscal Betiana Cendón debió pedir la reprogramación urgente de la audiencia en la que tenía previsto solicitar la ampliación del plazo para la investigación preliminar del caso de Micaela Bravo, porque está a pocos días de obligar al cierre definitivo del caso. Estaban todos presentes, pero no acudió la imputada porque nunca fue notificada.

El nuevo Código Procesal Penal establece plazos muy precisos y puntuales para desarrollar cada una de las etapas del proceso. Por ello, ante el plazo transcurrido desde la ocurrencia del hecho y la entrada en vigencia del nuevo paradigma judicial, la fiscal Betiana Cendón está obligada a solicitar una prórroga en la investigación preliminar, para evitar que el caso deba ser cerrado obligatoriamente.

Para ello había requerido una audiencia a la que asistieron el juez Ricardo Calcagno, la propia fiscal, la parte querellante representada por el abogado particular Luís Terán Frías y el defensor oficial Marcos Cicciarello. Pero no ocurrió lo mismo con la principal y única sospechosa, que de acuerdo a lo manifestado por las partes, nunca fue notificada por parte de la Oficina de Gestión Judicial de su obligación de asistir a la audiencia.

Así, abierto formalmente el acto judicial, la fiscal Cendón requirió que en carácter de urgente se reprograme la audiencia con la citación correspondiente a todas las partes, porque de lo contrario el caso quedaría virtualmente sin posibilidad de resolución.

Su postura, fue acompañada por el representante legal de Patricio Vargas, expareja de Micaela Bravo, y por el defensor oficial Marcos Cicciarello, por lo que ante la coincidencia de las partes, el juez de Garantías Ricardo Calcagno ordenó a la Oficina Judicial que agilice los trámites para volver a convocar a una audiencia antes del inicio de la feria judicial de invierno, que arranca la próxima semana.

El crimen de Micaela Bravo ocurrió el 23 de marzo de 2016, aunque su cadáver fue encontrado varias semanas después. La joven fue buscada intensamente por diversas fuerzas y a través de distintos medios, luego que se denunciara su desaparición.

Inicialmente las sospechas se dirigieron a la figura de su expareja, Patricio Vargas, quien mantuvo un fuerte cruce con el entonces fiscal del caso Eduardo Fernández. Sin embargo, nunca pudieron encontrar elementos reveladores en su contra. La causa cayó en un punto muerto, hasta que el surgimiento de nuevos testimonios abrió una luz en el camino y desde entonces la fiscalía trabaja incansablemente para obtener una prueba científica objetiva que culmine por atar todos los cabos sueltos y uniendo una larga serie de indicios, imputar a una mujer como la autora del crimen.

Para ello, tiempo atrás se desplegó un allanamiento de carácter científico en el domicilio de la sospechosa, con el objeto de obtener elementos que puedan ser cotejados con otras 49 muestras recogidas del cadáver. Porciones de tierra, madera, plásticos, pelos y algunos rastros que inicialmente se especulaba podrían ser de sangre, son analizados por distintos laboratorios del país.

Según informaron fuentes ligadas al caso, esa medida se basó únicamente en la búsqueda de elementos compatibles con los levantados en el cuerpo, realizándose hisopados, búsqueda de pelos de animales y se puso especial atención en un pequeño carro que las autoridades sospechan pudo haber sido utilizado para trasladar el cadáver hasta las cercanías del lugar en el que fue arrojado.

Las lesiones sufridas por Micaela Bravo antes de su muerte y en forma posterior, como así también los rastros que se hallaron hasta ahora, abonan la hipótesis fiscal en cuanto a la mecánica de la agresión, la actitud defensiva que adoptó la joven antes de morir y la forma en que su cuerpo fue trasladado y arrastrado hasta el sitio en que se halló. Todo ello confluye en la hipótesis de que el autor del hecho no pudo haber sido un hombre, descartando de ese modo un posible encuadramiento de femicidio.

Micaela Bravo tenía 28 años y tres hijos que habían tenido con su exmarido, Patricio Vargas, de quien se había separado poco tiempo antes para iniciar un nuevo amorío con Juan Carlos Colipi, un joven que asistía a la misma iglesia que los primeros. Al parecer, el nuevo vínculo amoroso no cayó bien en otros integrantes de la congregación y ese podría haber sido el móvil del crimen.