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JUDICIAL

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19/11/2026

La Corte cuestionó el DNU de Milei y restituyó controles estatales sobre los valores de las prepagas

El tribunal consideró que el Poder Ejecutivo no acreditó las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para legislar mediante un decreto de necesidad y urgencia.

La Corte Suprema de Justicia ha revocado los decretos gubernamentales del presidente Javier Milei que permitieron a las empresas de medicina prepaga establecer sus propias tarifas. En su última sesión, la máxima autoridad judicial determinó la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU número 70/2023, restableciendo así la capacidad del Estado para controlar las cuotas de estas compañías. Este fallo resulta significativo al señalar la necesidad de justificar con precisión las excepciones a la tramitación legislativa ordinaria.

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El caso que llevó a este pronunciamiento fue impulsado por una usuaria de Swiss Medical S.A. identificada como MB, cuyo plan SM02 experimentó un incremento del 110% tras la entrada en vigencia del citado decreto en una latitud temporal comprendida entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. MB explicó que tal aumento, sin la regulación previa, no debería haber superado el 6.26% para enero de 2024. Esta situación hizo que presentara un amparo que, a pesar de ser inicialmente desechado por el tribunal de primera instancia, fue finalmente favorecido en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

La principal crítica esgrimida por los magistrados al DNU de Milei se centra en su origen. La Constitución nacional argentina permite al Poder Ejecutivo emitir Decretos de Necesidad y Urgencia sólo bajo circunstancias extremadamente inusuales. La corte constató que la eliminación de los controles estatales no respondía a una emergencia tal que impidiera seguir el procedimiento legislativo común, compuesto por discusiones y aprobación parlamentaria.

Esenciales son las condiciones que no fueron cumplidas, según el fallo: las estipulaciones de necesidad mínima no justificaban la medida extrema utilizada por el Ejecutivo.

Adicionalmente, el fallo de la Corte advierte respecto al uso conveniente del DNU como substituto del proceso parlamentario regular, hecho que disminuiría la robustez del marco democrático y de derecho del país. "No es posible elegir al arbitrio del Ejecutivo entre establecer una ley convencional o recurrir a decretos sin el debido sustento", reiteraron.

Con la anulación de los artículos que privaron al Estado de su capacidad reguladora, las empresas de medicina prepaga volverán a estar sujetas al escrutinio estatal. Esto implica que no podrán fijar autónomamente sus precios sino en conformidad con las variaciones del costo y requerirán el aval oficial.

Aunque el proceso legislativo relacionado permanece abierto, la Corte ha aclarado que ello no impide al aparato judicial intervenir cuando las normas en cuestión impactan en la ciudadanía ya que, a su juicio, sostener lo contrario "haría inviable el Estado de Derecho". En suma, el dictamen devuelve al Estado herramientas cruciales para el control de precios, lo que incide favorablemente en la protección del derecho a la salud de los ciudadanos.