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27/10/2026

El Gobierno acordó con empresarios combatir el contrabando y controlar las ventas online

La UIA advirtió que el comercio ilícito genera pérdidas fiscales por US$ 2.300 millones anuales.

En un esfuerzo determinante por frenar el contrabando y detectar irregularidades en la venta de productos importados, el Gobierno ha firmado acuerdos con las principales cámaras empresarias y plataformas de comercio electrónico. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Economía, se enfoca en cinco categorías principales: celulares, notebooks, cosméticos, juguetes y neumáticos. El objetivo es eliminar el ingreso ilegal de mercadería al país.

Gracias a estos convenios, empresas líderes como Mercado Libre, Meta, Frávega y Cetrogar han acordado colaborar compartiendo datos sobre los principales vendedores de estas categorías. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) jugará un papel crucial al cruzar esta información con la intención de señalar inconsistencias y detectar posibles infracciones. Como parte de las medidas de control, se considera la posibilidad de retirar del mercado mercancías que no cumplan con la normativa, suspender su comercialización y judicializar los casos pertinentes.

La llegada contundente de esta medida responde a los reclamos de numerosos sectores industriales que han sido impactados por la competencia desleal facilitada en gran medida por plataformas digitales y redes sociales. De acuerdo con la Unión Industrial Argentina (UIA), alrededor del 60% de las industrias del país están afectadas por esta práctica desleal, con un 40% enfrentándose a una competencia ilegal flagrante en plataformas de venta online.

En la actualidad, el comercio inescrupuloso representa una preocupante cifra del 5% del Producto Bruto Interno (PBI), lo cual implica una significativa pérdida para las arcas del Estado, con US$2300 millones al año en recaudación no percibida. Dichas cifras subrayan la necesidad de mecanismos de fiscalización más eficientes que garanticen la leal competencia entre productos nacionales y los importados.

Las proyecciones de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) agravan esta perspectiva, señalando que el comercio ilegal podría costar al gobierno alrededor de US$3000 millones y poner en riesgo aproximadamente 11.000 empleos formales. Claramente resaltado en las palabras de Ana Vainman, activa representante de AFARTE, uno de cada tres celulares circula en Argentina sin haber ingresado legalmente al país.

Los esfuerzos incluyen la firma del convenio con entidades tales como la UIA, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), entre otros. Estos planes de acción están destinados a vigilar más de cerca las operaciones sospechosas, combinando inteligencia de datos y cooperación interinstitucional. Meta, por ejemplo, se ha comprometido a dar de baja las páginas denunciadas en sus plataformas Facebook e Instagram, mientras que las restantes plataformas del convenio ofrecerán información sobre los principales comerciantes en las categorías de riesgo.

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