Publicidad
 

INTIMADO POR LA JUSTICIA

|
23/09/2026

El Gobierno deberá cumplir con la ley de Financiamiento Universitario

La Justicia volvió a intervenir en el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas

En el ámbito de los conflictos por el financiamiento de las universidades públicas, la Justicia ha vuelto a intervenir. Esta vez, el juez federal Martín Cormick ha tomado cartas en el asunto exigiendo al Gobierno Nacional alinearse con la actual medida cautelar relacionada con la ejecución de la ley de Financiamiento Universitario. Según el fallo, el Gobierno tiene un plazo de cinco días para cumplir con la norma.

Lee también: La UBA cuestionó los fondos contemplados para las universidades en el Presupuesto 2027

La resolución de Cormick no fue sorpresiva para muchos observadores, dado el descontento previo generado por la inacción del Ejecutivo tras la aprobación de la ley 27.795, que prevé asignaciones específicas para universidades. En septiembre, ante la insistencia de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otros actores, Cormick ya había emitido una medida cautelar para asegurar el flujo de fondos necesarios. Este contexto revela una creciente tensión entre las instituciones académicas y el gobierno.

El juez ha emitido una clara advertencia: cualquier día adicional de dilación provocará la imposición de astreintes, multas económicas por cada día de retraso. Esta medida subraya la urgencia de cumplir con la ley, a la luz de la situación financiera de muchas universidades que dependen de estos recursos para su funcionamiento diario, salarios, becas e investigaciones.

El trasfondo de este conflicto es el cuestionamiento al Decreto 759/2025, un acto del Ejecutivo que, al promulgar la ley, puso condiciones sobre los recursos a emplear, argumentando la necesidad de identificar las fuentes de financiamiento. Sin embargo, como ha sostenido repetidamente el juez Cormick, no se admiten "variantes suspensivas" para la aplicación de la ley.

Es importante recordar que este enfrentamiento no es simplemente un problema de celo legislativo, sino una cuestión concreta que afecta directamente la calidad educativa y la autonomía universitaria. Miles de estudiantes y funcionarios universitarios están a la espera de un desenlace que garantice estabilidad y promueva la excelencia académica en el país.