Causa Vialidad: la Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina

En una medida que marca un nuevo capítulo en la saga judicial que rodea a la ex presidenta argentina, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 determinó que Cristina Fernández de Kirchner siga cumpliendo su condena bajo modalidad de prisión domiciliaria. Ubicada en su departamento en el corazón de Constitución, la ex mandataria enfrenta una condena de seis años de prisión en el marco de la causa Vialidad.

El juez federal a cargo del fallo, Rodrigo Giménez Uriburu, destacó la obediencia de Fernández de Kirchner a las condiciones estipuladas para su reclusión, señalando que "ha cumplido adecuadamente con el deber de permanencia". El juez apuntó específicamente a las restricciones de visita y seguimiento judicial, las cuales han sido documentadas con detalle por la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP). Ambos organismos enviaron informes que subrayaron el cumplimiento estricto de los términos por parte de la ex mandataria.

Durante el trimestre examinado, Fernández de Kirchner fue evaluada en entrevistas aleatorias realizadas por profesionales de la DCAEP, quienes la describieron como colaborativa y educada en sus interacciones. Estas apreciaciones se suman al reconocimiento de una única salida concedida por la Justicia para una consulta médica, efectuándose sin problemas significativos.

Las visitas recibidas en su residencia se han llevado a cabo bajo los lineamientos autorizados, y el comportamiento de la ex presidenta no ha provocado inquietud alguna en el vecindario. Este rasgo resalta, considerando que el inmueble en el que se reside fue afectado por las movilizaciones ocurridas recientemente, aunque sin reportes de disturbios sostenibles.

Este pronunciamiento del TOF N° 2 ha surgido junto al embargo preventivo sobre varios activos de Fernández de Kirchner y otros acusados en el caso Vialidad, incluyendo el ya mencionado departamento. La meta establecida por las autoridades es recuperar aproximadamente $685.000 millones que corresponden al daño económico causado al país, enmarcado en una red de corrupción previamente determinada por el tribunal. No obstante, la Cámara Federal de Casación porteña desestimó recursos defensivos intentados por Cristina y sus hijos para anular el posible embargo de propiedades asociadas a sus familiares y sus negocios, Los Sauces S.A y Hotesur S.A.