La APDH de Bariloche manifestó preocupación por el nuevo Régimen Penal Juvenil

Desde la regional barilochense de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresaron “preocupación” por la vigencia (“Cuestionada judicialmente”, según advirtieron) del nuevo Régimen Penal Juvenil, enmarcado en la Ley 27.801.

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En tal sentido, referentes de la entidad expusieron que la norma “baja la edad de imputabilidad de los adolescentes de dieciséis a catorce años y deja sin efecto la ley anterior, para la cual no se tenían en cuenta los delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no excedieran de dos años, con multa o con inhabilitación”.

Al respecto, afirmaron que se “contradice el principio de progresividad, afectando de esa manera no sólo la Convención de los Derechos del Niño, sino los dictámenes de la Comisión de la Convención, donde incluso se aconseja no reducir la edad de imputabilidad”.

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Asimismo, remarcaron que la ley “permite que los adolescentes hasta los diecisiete años tengan la misma pena que los mayores de dieciocho”, lo cual, sostuvieron, “ha sido cuestionado y rechazado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mendoza vs Argentina (la referencia alude a que, el 14 de mayo de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad internacional del Estado argentino por las violaciones de una serie de derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,  debido a la aplicación de penas de privación perpetua de la libertad a cinco personas que, al momento de los hechos, eran adolescentes)”.

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En la APDH consideraron que no existen “jueces, defensores o fiscales especializados en el tema, procedimiento adecuado como indica la ley y mucho menos lugares de detención especializados donde se garantice la reinserción social, formación laboral, cultural, deportes, atención médica, psicológica, etcétera”. Así, ahondaron: “Desde hace años denunciamos que los lugares de detención son depósitos de personas que no sólo violan los derechos humanos, sino que impiden la reinserción social como incluso marca el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

De esa forma, los representantes de la APDH concluyeron: “Es necesario que dicha ley no se ponga en vigencia en nuestra provincia hasta tanto se cuente con los medios adecuados para cumplir con la misma”.