Vecinos amenazan con un juicio al municipio de Roca por un proyecto de 10 canchas de fútbol

Un conflicto urbano avanza en el barrio La Alameda de General Roca. Un grupo de vecinos propietarios intimó a la Municipalidad y al Centro de Jubilados y Pensionados de la ciudad por un proyecto que prevé la instalación de al menos diez canchas de fútbol sobre un predio ubicado frente a la Ruta 22, en la esquina de acceso al barrio. Ya presentaron dos cartas documento —una a cada organismo— y advierten que si no obtienen respuesta iniciarán acciones judiciales para frenar la obra.

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El abogado Nicolás Suárez Colman, vecino que integra el grupo que impulsa el reclamo, expuso la situación en el programa Mejor que Ayer, que se emite por Radio LU18. Su testimonio reconstruyó tanto el origen del conflicto como las principales sospechas de los vecinos sobre quiénes están detrás de la inversión. Dijo que fueron recibidos por la intendenta Soria, pero se levantaron de las oficinas del ejecutivo sin la respuesta que esperaban, ya que no lograron detalles específicos sobre el desarrollo del proyecto.

Un movimiento de suelo sin aviso previo

Según el relato de Suárez Colman, la alarma vecinal se activó “cuando vimos un importante movimiento de suelo en el ingreso o la calle de ingreso al barrio, que es la calle La Bodega". La describió como una calle "muy angosta", sin cordón cuneta, sin veredas y sin iluminación: "De casualidad pasan dos vehículos."

Fue en ese contexto que los vecinos se enteraron de que el movimiento de suelo respondía a un proyecto ajeno al Centro de Jubilados, propietario del terreno. "Nos desayunamos con que ese movimiento de suelo respondía a la instalación de al menos diez canchas de fútbol que iban a formar parte de un proyecto, no del centro de jubilados, sino de una inversión privada, pero dentro del predio de jubilados", señaló.

La preocupación de fondo, explicó, no pasa por oponerse al desarrollo urbano sino por la escala del proyecto frente a una infraestructura que calificó de "absolutamente deficitaria". "Semejante movimiento de gente un fin de semana por las canchas de fútbol puede provocar, entre otras cosas, no solo la imposibilidad de transitar, ingresar y salir de los barrios, sino que además va a cortar el descanso de un montón de familias que han elegido un lugar donde evidentemente no iba a haber este tipo de inversión o de desarrollo", sostuvo.

La respuesta municipal que los vecinos consideran contradictoria

El grupo de vecinos se reunió con las autoridades municipales para plantear su preocupación. Según Suárez Colman, la respuesta del municipio fue "algo extraña": "Conocía el proyecto muy en detalle, pero dicen que no se lo habían presentado." En ese encuentro, agregó, les hablaron de pedirle a los inversores más baños "para que no estén orinando en cualquier lado" y más estacionamiento. "Pero aun así no pudimos acceder al proyecto que ellos decían desconocer", cuestionó.

Esa aparente contradicción —conocer detalles técnicos de una iniciativa que oficialmente no había sido presentada— es uno de los ejes centrales del reclamo vecinal, que apunta directamente contra la gestión de la intendenta María Emilia Soria. "Nos llama poderosamente la atención el profundo conocimiento que hay de la intendenta municipal sobre este proyecto, aun cuando nos dijo que no estaba presentado. Entonces, acá hay un doble discurso", afirmó el vecino. Y añadió: "Están ocultando información sobre las personas que están detrás de estas inversiones".

Frente al reclamo por la circulación, el municipio ofreció como respuesta la creación de una zona buffer, una franja de terreno sin uso entre el barrio y las canchas. Para Suárez Colman, la propuesta es insuficiente: "La verdad es que eso no modifica absolutamente nada."

Una donación con destino específico

El segundo frente del conflicto involucra directamente al Centro de Jubilados y Pensionados de General Roca, que este año celebró su 50° aniversario. Suárez Colman explicó que la entidad recibió esas tierras del Estado nacional —que antes pertenecían al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)— "como una donación, con un cargo muy específico, que no es el desarrollo de actividades económicas".

Esa restricción es, para el grupo de vecinos, un límite "inquebrantable" que el proyecto de las canchas estaría violando, más allá de cualquier discusión sobre el impacto en el tránsito o el descanso de las familias del barrio.

Los vecinos, en principio, descartan que el Centro de Jubilados esté en condiciones de financiar el movimiento de suelo que hay dentro del predio. "Sospechamos que se trata de capitales privados. Primero y principal, porque el centro de jubilados indicaba, hasta hace poco, que no podía ni siquiera pagar los servicios", planteó Suárez Colman, para quien esa incapacidad económica refuerza la hipótesis de un inversor privado no identificado detrás de la iniciativa.

Cartas documento y amenaza de ir a la Justicia

Ante la falta de respuestas concretas, los vecinos formalizaron su reclamo por vía legal. Intimaron a la Municipalidad mediante carta documento, sin recibir ningún tipo de respuesta. También intimaron al Centro de Jubilados, "advirtiéndole que la donación que habían recibido tenía una previsión muy específica y que, de violarla, íbamos a continuar con las acciones legales correspondientes, porque realmente nos vamos a ver afectados", aclaró Suárez Colman.

La definición del vecino fue categórica: "Si no hay respuesta de la municipalidad, vamos a iniciar las acciones judiciales correspondientes para impedir que se desarrolle toda esta actividad."

Además, insistió en que el planteo vecinal no es una oposición al crecimiento de la ciudad. "Nadie está en contra de que la ciudad se desarrolle. De hecho, todos queremos vivir en una ciudad lo más linda posible, lo más segura posible, lo más ordenada posible", dijo, aunque remarcó que ese desarrollo choca con dos límites concretos: una calle de acceso que no soporta el tránsito que generarían diez canchas de fútbol, y una restricción legal sobre el uso de la tierra.

El vecino resumió el reclamo como un pedido de "sentido común" al gobierno municipal y responsabilizó la falta de planificación urbana por las consecuencias que, advirtió, terminan recayendo sobre quienes invirtieron sus ahorros en comprar un lote o construir una vivienda en la zona. "Parece que la municipalidad, o por lo menos los funcionarios municipales, se olvidan de lo que es hacer el esfuerzo para comprar algo", concluyó.