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12/05/2026

El Gobierno tilda de "política" la marcha universitaria y ratifica las auditorías de fondos

Pettovello y Álvarez vincularon la movilización con sectores de la oposición, mientras que las universidades reclaman por el recorte del 45% en las transferencias y la Ley de Financiamiento.

En una conferencia de prensa, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó que la marcha universitaria que se llevará a cabo hoy, está "fuertemente influenciada por la política" y cuestionó la presencia de figuras como Axel Kicillof y la CGT.

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La funcionaria subrayó la necesidad de dar una "batalla cultural" para transparentar el gasto educativo: "No estamos en contra de la universidad pública, queremos que la gente decida con datos reales". Por su parte, el subsecretario Alejandro Álvarez ratificó que el Ejecutivo no aplicará la Ley de Financiamiento, argumentando que carece de partidas presupuestarias. “La única norma que vamos a cumplir es la Ley de Presupuesto”, sentenció, minimizando el impacto de la protesta al señalar que la magnitud de la movilización “no representa un parámetro” para modificar las decisiones institucionales.

Desde el sector académico, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, retrucó la postura oficial cuestionando por qué el Gobierno intentó derogar la ley en el Congreso si realmente la consideraba abstracta. En sintonía, Franco Bartolacci, titular del CIN, alertó sobre la crítica situación financiera: “Estamos a la mitad de nuestras capacidades”, denunció ante la caída de fondos. El conflicto también suma tensión por los $79 mil millones destinados a hospitales universitarios que permanecen sin ejecutar.

Álvarez anticipó que, tras la marcha, convocarán a las instituciones para definir la distribución de esos recursos, aunque mantuvo firme la postura de avanzar con auditorías externas para "desmitificar" el manejo de las cajas de estudio.

La movilización a Plaza de Mayo busca la aplicación efectiva de la ley sancionada por el Congreso, la cual exige actualizaciones salariales frente a la inflación. Mientras la Corte Suprema debe resolver un amparo presentado por las universidades, el Gobierno insiste en que el reclamo salarial es legítimo pero que la convocatoria está "contaminada" por intereses ajenos.