El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

La reciente sanción de la Ley 27.801 en Argentina ha generado un amplio debate en torno a las políticas penales aplicadas a los menores de edad. Bajo el mandato del gobierno de Javier Milei, la normativa fue oficializada mediante el Decreto 138/2026, anunciando profundas modificaciones en el Régimen Penal Juvenil del país.

El cambio más significativo introducido por esta ley es la reducción de la edad de imputabilidad de los menores a 14 años.

Antes de su aprobación, se discutió ampliamente la cifra más adecuada y, en un intento por obtener el consenso necesario tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se estableció finalmente en 14 años.

Esta cifra no es aislada en la región; otros países como Bolivia, Chile y Colombia también adhieren a este estándar. Sin embargo, países vecinos como Brasil y Ecuador sitúan la imputabilidad aún más baja, en 12 años.

La ley incluye un moderno esquema de "penas escalonadas", diseñadas no solo para abordar la responsabilidad penal de los menores según su edad, sino también teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. Este enfoque diversificado impulsará, al menos así lo espera el gobierno, la reeducación y reintegración de los jóvenes en la sociedad.

Dentro del ámbito político, la aprobación no fue sencilla. El Ejecutivo de Milei enfrentó arduas sesiones en el Senado, específicamente el 27 de febrero, donde el proyecto obtuvo finalmente 44 votos a favor frente a 27 en contra, gracias al vital respaldo de bloques como el PRO y la UCR. Estas agrupaciones consideraron que la nueva ley alinea a la Argentina con la mayoría de las legislaciones del resto del continente, situando al país en un marco jurídico continental más coherente.

Esta decisión también refleja un cambio de propuesta inicial, que contemplaba fijar la edad aún más baja, en 13 años, pero una negociación política entre los bloques legislativos ablandó la postura gubernamental y permitió alcanzar un acuerdo legislativo. El ajuste a 14 años fue clave para destrabar este delicado trabajo político y asegurar una media sanción en la cámara correspondiente.

Con esta normativa, La Libertad Avanza, partido liderado por Milei, cosechó un nuevo triunfo legislativo, afirmando su postura en el mapa político argentino. Frente a las posiciones adversas, los partidarios de la nueva ley argumentan que estas medidas son acordes con el contexto regional y necesarias para una efectiva aplicación de programas de rehabilitación y educación para menores involucrados en delitos tendientes a reinsertarlos satisfactoriamente en la comunidad.