La UNRN declaró la emergencia presupuestaria, salarial y exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) declaró este miércoles la emergencia presupuestaria, salarial y en defensa de la legalidad, en el marco de su primera sesión ordinaria del año. La medida fue aprobada por unanimidad y advierte sobre una situación que, según el cuerpo, compromete el sostenimiento del sistema universitario público, gratuito y de calidad.

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En su declaración, el Consejo señaló que la crisis que atraviesan las universidades nacionales —y en particular la UNRN— afecta el funcionamiento institucional y el poder adquisitivo de docentes y nodocentes. Además, expresó una “especial preocupación” por el impacto en las políticas de bienestar estudiantil, especialmente en el sistema de becas, cuya insuficiencia y falta de actualización en un contexto de alta inflación pone en riesgo la permanencia de estudiantes y profundiza las desigualdades en el acceso a la educación superior.

El documento sostiene que la situación no es coyuntural, sino la continuidad de un proceso de deterioro advertido en reiteradas oportunidades. Según se detalla, la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios y la reducción real de los recursos para funcionamiento, investigación científica y políticas de inclusión han agravado el escenario.

En ese marco, el Consejo recordó que la sanción de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario constituyó una respuesta institucional del Congreso para garantizar la sostenibilidad del sistema, estableciendo obligaciones en materia de recomposición salarial, actualización presupuestaria y financiamiento. Sin embargo, denunció la falta de cumplimiento efectivo de esa norma y de fallos judiciales vinculados, lo que —afirma— profundiza la incertidumbre y deteriora tanto las condiciones laborales como las trayectorias educativas de miles de estudiantes.

Asimismo, cuestionó las propuestas formuladas a nivel nacional por considerarlas insuficientes, no retroactivas y diferidas, al entender que no permiten recuperar la pérdida acumulada ni se ajustan al marco legal vigente.

En relación con la situación específica de la UNRN, el Consejo precisó que para el ejercicio 2026 la institución solicitó un presupuesto total de $80.267.165.162,97, mientras que el crédito asignado en la Ley de Presupuesto asciende a $36.153.032.028, lo que representa el 45,04 % de lo requerido. La brecha de financiamiento alcanza los $44.114.133.134,97. A esto se suma que, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, la inflación acumulada —según el IPC nivel general— fue del 259,3 %, lo que incrementó de manera sustancial los costos de funcionamiento.

Para el órgano de gobierno universitario, la combinación de subfinanciamiento, pérdida salarial y aumento sostenido de costos configura una situación crítica que afecta de manera integral las actividades académicas, científicas y de extensión.

En ese sentido, advirtió que el desfinanciamiento del sistema universitario no constituye un problema sectorial, sino una definición de política pública con impacto directo en el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país.

Ante este panorama, el Consejo ratificó la vigencia de la emergencia presupuestaria de la UNRN y reafirmó la defensa irrestricta de la Ley de Financiamiento Universitario, exigiendo su cumplimiento “integral, inmediato y efectivo” como condición indispensable para garantizar el funcionamiento del sistema.

También expresó su respaldo a las acciones administrativas y judiciales en curso para asegurar la aplicación de la normativa y facultó al rector a llevar adelante todas las gestiones necesarias —en articulación con el Consejo Interuniversitario Nacional y el conjunto de las universidades nacionales— para garantizar los recursos indispensables, convocar de manera urgente a paritarias nacionales y sostener las políticas de bienestar estudiantil.

Finalmente, el Consejo instó al Poder Ejecutivo Nacional a asumir su responsabilidad en el financiamiento del sistema universitario público y a garantizar la asignación de recursos acordes a la importancia estratégica de la educación superior para el desarrollo del país.

La Universidad Nacional de Río Negro reafirmó, en ese marco, su compromiso con la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad como pilar del desarrollo nacional y la movilidad social.