Cristina Kirchner busca impugnar el uso de la tobillera electrónica y las restricciones al régimen de visitas

En un nuevo capítulo del extenso proceso judicial por el que atraviesa la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, sus abogados han elevado un recurso a la Corte Suprema para impugnar las medidas restrictivas que le han sido impuestas. Estas incluyen el uso de una tobillera electrónica durante su arresto domiciliario y restricciones en su régimen de visitas.

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Los letrados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, señalan en su presentación ante la Cámara Federal de Casación Penal que tanto el dispositivo de control electrónico como las limitaciones en las visitas son ilegales y violan los derechos constitucionales y tratados internacionales. Esto representa una etapa adicional en los múltiples intentos por parte de la defensa de la ex mandataria de revertir decisiones que consideran arbitrarias.

El uso de la tobillera electrónica ha sido particularmente cuestionado. La defensa argumenta que resulta innecesario y estigmatizante, dado que Fernández de Kirchner permanece bajo custodia permanente. Además, señalan que no existe riesgo de fuga que justifique dicha medida de seguridad, ya que su notoriedad pública haría improbable que pudiera evadirse. La Ley 24.660 contemple la dispensa del dispositivo si no se presenta tal riesgo, un argumento que los abogados defienden fervientemente citando también opiniones técnicas.

En cuanto al régimen de visitas, las restricciones establecidas por el tribunal de ejecución también han sido objeto de críticas. Sólo las personas incluidas en una lista aprobada pueden visitar a la ex presidenta en su domicilio, un procedimiento inusualmente restrictivo que, a juicio de la defensa, carece de fundamento en la legislación vigente. Esta norma no solo se considera arbitraria, sino que también viola el principio de igualdad ante la ley, al no aplicarse en situaciones similares de arresto domiciliario incluso en casos de delitos más graves.

La estrategia legal de elevar la cuestión a la Corte Suprema refleja la gravedad que desde el entorno de Fernández de Kirchner otorgan a este episodio. Aguilar explica que, además de los perjuicios personales, las restricciones impuestas afectan derechos políticos y establecen un precedente riesgoso para futuras decisiones judiciales.

La controversia sobre las condiciones del arresto domiciliario de la ex presidenta se suma al contexto político y judicial que ya agitaba al país antes incluso de que se sumaran estas nuevas restricciones. El resultado de este pedido ante la Corte podría no sólo impactar en la situación personal de Fernández de Kirchner, sino también reflejar la incidencia de la dirimencia judicial en el escenario político nacional.