Condenaron a una joven de Bariloche por narcomenudeo y cumplirá la pena en su casa por ser madre

La condena recayó sobre una mujer de 27 años, hallada penalmente responsable de la tenencia de más de un kilo de cocaína fraccionada para su venta. La droga fue secuestrada el 25 de abril de 2024 en un operativo realizado en su domicilio y su vehículo. Además, se encontraron balanzas de precisión y otros elementos que, según la Fiscalía, confirmaban la finalidad de comercialización. Se trata de Melisa Aldana Uribarri.

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca dictó sentencia en el marco de un juicio abreviado que involucró a dos personas. Mientras que uno de los acusados fue condenado por tenencia simple y recuperó su libertad, Uribarri recibió una pena de cuatro años por narcomenudeo. No obstante, la condena será cumplida bajo modalidad domiciliaria.

Durante la investigación, la imputada fue señalada como una de las responsables de la venta de estupefacientes en un barrio de Bariloche. El procedimiento fue realizado en conjunto con fuerzas federales y también involucró a Julio César Betros, un hombre con antecedentes penales radicado en Buenos Aires.

Betros fue detenido en su domicilio porteño con pequeñas cantidades de cannabis y cocaína. Si bien se sospechaba que había entregado la sustancia incautada en Bariloche, esa hipótesis no pudo ser probada con el grado de certeza requerido. Por ello, su calificación fue reducida a tenencia simple, y se le impuso una pena de un año de prisión, considerada cumplida por el tiempo que permaneció detenido con prisión preventiva.

El juez Alejandro Adrián Silva destacó la insuficiencia probatoria en el caso de Betros. En cambio, en relación con Uribarri, la evidencia fue considerada contundente: la cantidad de droga, su fraccionamiento y los elementos hallados respaldaron la acusación por tenencia con fines de comercialización.

A pesar de ello, la Justicia resolvió que Uribarri cumpla la condena en su domicilio, en función de su situación familiar. La joven es madre de una niña pequeña a quien tiene a su cargo de forma exclusiva, dado que el padre de la menor se encuentra privado de libertad. Informes sociales y psicológicos confirmaron la situación de vulnerabilidad de la menor, su asistencia terapéutica y la necesidad de mantener una figura materna estable.

Ante este panorama, se aplicaron el artículo 10 inciso f) del Código Penal y el artículo 32 de la Ley 24.660, que permiten el cumplimiento de condenas en el domicilio para personas a cargo de hijos menores. La imputada podrá acompañar a su hija en sus actividades escolares, terapéuticas y recreativas, bajo supervisión del programa DECAEP.

El juez también consideró que Uribarri no presentaba adicciones ni condiciones de salud que impidieran el cumplimiento efectivo de la pena en esa modalidad. Se informó que la joven trabaja de manera formal y realiza actividades informales complementarias.

Por último, el fallo dispuso no devolver un teléfono celular secuestrado durante el operativo, al considerarlo un elemento utilizado para la comisión del delito. En cambio, se restituyó un vehículo perteneciente a un tercero no vinculado con la causa.