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01/08/2025

Femicidio en Bariloche: el policía imputado tenía denuncias previas por violencia y alimentos

Emerson Marín, el agente imputado por el femicidio de Stefanía Civardi, había sido denunciado por otra mujer por amenazas coactivas en un contexto de violencia de género. Obtuvo una probation y le devolvieron el arma reglamentaria. Además fue condenado por incumplir con la cuota alimentaria de otro hijo. Pese a todo, seguía activo en la Policía de Río Negro.
Marín y sus antecedentes que no lo detuvieron. (Foto Eugenia Neme)
Marín y sus antecedentes que no lo detuvieron. (Foto Eugenia Neme)

El caso que conmueve a Bariloche y que tiene imputado por femicidio a un policía de 34 años no es un hecho aislado. Emerson Rubén Marín, acusado de matar con su arma reglamentaria a su pareja Stefanía Civardi, ya había sido denunciado por otra mujer, con quien tuvo un hijo, en un caso de amenazas enmarcado en violencia de género. También enfrentó una causa civil por incumplimiento de cuota alimentaria de un hijo con otra expareja. A pesar de todo, seguía cumpliendo funciones en la fuerza y portaba su arma reglamentaria.

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El pasado 30 de julio, en una vivienda ubicada en el corazón del barrio Lera, Marín presuntamente le disparó a Civardi mientras ella se encontraba acostada. La bala, que ingresó por la tráquea y se alojó en la almohada tras atravesar su cráneo, fue disparada a más de 15 centímetros de distancia, según la descripción del hecho que realizó la fiscalía a cargo de Betiana Cendón, que junto a Alejandra Bartolomé y Fernanda Orticelli, trabajó en el lugar del hecho apenas conocido el suceso.

Aunque para la formulación de cargos la fiscalía descartó la hipótesis de suicidio que seguramente buscará reafirmar la defensa en un hipotético juicio contra Marín, en la autopsia se encontraron lesiones en la zona de las muñecas de la víctima, con una evolución mayor a las 48 horas, que inducen a pensar en algún intento previo de la chica en ese sentido. A pesar de lo crudo del dato, que consta en el legajo judicial, es un elemento que las partes del proceso deberán analizar profundamente. Para despejar cualquier duda, serán vitales los informes de los distintos peritos: criminalísticos, armeros, balísticos y forenses que intervienen en el proceso.

Pero aunque la formulación de cargos habilita formalmente la investigación contra Marín, el hecho reprochado marcó el desenlace de una historia que el sistema judicial y policial conocía. Marín ya había atravesado una causa penal por amenazas coactivas en 2021, también con antecedentes de violencia de género. También existían en su contra denuncias por Ley 3040, de violencia familiar.

Denuncia por amenazas y probation: el antecedente judicial que precedió al femicidio

En marzo de 2021, Emerson Marín fue denunciado por una expareja, madre de uno de sus hijos, por amenazas coactivas en un contexto de violencia de género. Según consta en el expediente, la víctima relató que Marín, enojado, la agredió físicamente en su domicilio de Las Grutas y la amenazó con quitarle la vida si continuaba gritando o avanzando con denuncias en su contra.

La denuncia formal se radicó en octubre de ese año y, en diciembre, se formularon cargos contra Marín por amenazas coactivas a título de autor. A raíz de esta denuncia, una jueza de Familia ordenó retirar temporalmente el arma reglamentaria del agente y otorgó un botón antipánico a la víctima, como medidas de protección.

Sin embargo, en mayo de 2022, tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, el juez Fabio Corvalán aprobó una suspensión del juicio a prueba (probation) por dos años. Esta medida incluyó varias condiciones: fijación de domicilio, prohibición de contacto con la víctima, un resarcimiento económico, y la realización de un tratamiento psicológico en caso de que los informes médicos lo recomendaran. Además, se establecieron controles periódicos ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL).

La fiscalía aseguró en audiencia que la víctima había consentido la devolución del arma reglamentaria a Marín y que no pretendía una condena contra el sujeto, por lo que el juez accedió a la solicitud. La propia víctima, según remarcó la fiscalía, se había mudado a otra localidad, había devuelto el botón antipánico a las autoridades y no había vuelto a sufrir episodios de violencia con Marín, con quien mantenía trato únicamente en lo referido al vínculo de aquél con el hijo menor en común. Así, a pesar de las graves acusaciones, Marín pudo retomar sus funciones como policía y mantener el porte del arma oficial.

Esta decisión judicial y policial, que permitió la continuidad de Marín en la fuerza y la restitución del arma, forma parte de una cadena de omisiones y errores que hoy se encuentran bajo la lupa tras el femicidio de Stefanía Civardi, hecho por el cual Marín está imputado.

Durante la audiencia, Corvalán miró a Marín y afirmó: "Este es un mecanismo que sirve para darte la posibilidad de sortear este proceso, reflexionar y no volver a incurrir en otro delito." Marín continuó en funciones como policía, no aprovechó la oportunidad y según la acusación fiscal conocida ayer en los tribunales de Bariloche, además truncó la vida de una joven.

 

Una condena por deuda alimentaria

En noviembre de 2024, el Juzgado de Familia de Villa Regina resolvió otra causa en su contra, esta vez por incumplimiento de deberes parentales. Otra mujer con la que tuvo un hijo, también miembro de la Policía de Río Negro, lo había demandado por no cumplir con la cuota alimentaria.

En la sentencia rectificada, firmada por la jueza Claudia Vesprini, se ordenó retener el 20% de su salario, con un piso mínimo equivalente al 25% del salario mínimo vital y móvil, y se incluyeron también las asignaciones familiares que pudiera percibir.

A pesar de los antecedentes, Marín mantuvo su cargo como efectivo policial y hace muy poco tiempo llegó a Bariloche para prestar servicio como refuerzo por temporada en la Comisaría Segunda del Centro Cívico de Bariloche.

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