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EL CUENTO DE LA GRÚA

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24/07/2025

Donó 150 mil pesos a una institución pública y evitó un juicio por estafa en Bariloche

Fue acusada de participar en una estafa telefónica donde una mujer le transfirió dinero engañada.
El caso pone en evidencia la aplicación práctica de las salidas alternativas previstas en el nuevo sistema acusatorio.
El caso pone en evidencia la aplicación práctica de las salidas alternativas previstas en el nuevo sistema acusatorio.

En el marco de una causa por estafa registrada en agosto de 2021, la justicia local resolvió sobreseer a Jesica Soledad Miguel, quien había sido imputada como partícipe necesaria en una maniobra fraudulenta que afectó a una vecina de la ciudad. La decisión fue tomada el pasado 6 de junio, luego de que la acusada cumpliera con una salida alternativa que incluyó el pago de $150.000 a una entidad de bien público.

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Según el fallo firmado por el juez Juan Pablo Laurence, la resolución se tomó en aplicación de un criterio de oportunidad previsto en el Código Procesal Penal. Tanto el fiscal del caso, Tomás Soto, como el defensor Manuel Mansilla, coincidieron en que la reparación económica voluntaria y la escasa afectación al interés público habilitaban a cerrar el proceso sin avanzar hacia el juicio.

La maniobra investigada comenzó con un llamado telefónico engañoso a la denunciante, quien creyó estar ayudando a un familiar en una situación de emergencia. Siguiendo instrucciones, realizó dos transferencias de $50.000 cada una a cuentas bancarias pertenecientes a Jesica Miguel y a otra mujer identificada como Talia Montes. Ambas extrajeron y utilizaron los fondos, lo que llevó a la imputación inicial por el delito de estafa, previsto en el artículo 172 del Código Penal.

Durante la etapa preparatoria del expediente, la defensa de Miguel propuso una solución alternativa que consistió en una donación voluntaria. La Fiscalía evaluó positivamente este ofrecimiento en línea con los principios del nuevo código procesal, que promueve la resolución primaria de conflictos para preservar la paz social.

En su resolución, el juez Laurence avaló el planteo y destacó que “el dictamen fiscal está debidamente motivado” y que el proceso cumplió con los principios de buena fe y proporcionalidad. En consecuencia, se ordenó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de Jesica Miguel, dejando constancia de que el trámite no afecta su buen nombre y honor.

El caso pone en evidencia la aplicación práctica de las salidas alternativas previstas en el nuevo sistema acusatorio, donde la reparación del daño y el contexto del hecho pueden abrir caminos diferentes a la tradicional vía judicial, hoy tomada como la última opción. Bajo estas premisas, cada vez más causas encuentran resolución sin llegar a juicio.

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