El Gobierno presentó dos nuevos escritos a la jueza Preska por la causa YPF

En el marco de la larga disputa legal por la expropiación de YPF, el gobierno argentino presentó objeciones contundentes a los intentos de ejecución inmediata del fallo que dictamina la entrega del 51% de las acciones de la icónica petrolera estatal. Los demandantes, Petersen/Eton y Bainbridge, habían movido ficha en el tablero judicial instando a una rápida implementación del dictamen emitido por la jueza Loretta Preska.

Lee también: El Gobierno solicitó a la Justicia de EE.UU. que suspenda el fallo que ordenó transferir las acciones de YPF

El Estado argentino, en una postura firme, ha planteado su negativa a las solicitudes de los fondos demandantes, tomando un sólido apoyo en la complejidad y excepcionalidad del caso. Particularmente, ha impugnado los escritos admitidos el lunes 7 por los tribunales de Nueva York, argumentando legalidad y autonomía nacional, pilares sobre los que se asienta parte de su defensa.

Axel Kicillof, gobernador bonaerense, figura prominente en las políticas energéticas nacionales, ha sido citado dentro de los documentos presentados por Petersen/Eton como elemento de relevancia en el debate. Estos documentos reflejan la profunda implicación de actores gubernamentales en el entramado legal, reforzando la dimensión política de la disputa.

En un esfuerzo por desconstruir los argumentos de los demandantes, la Procuración del Tesoro ha esgrimido varios puntos clave. Primero, la excepcionalidad del caso y las cuestiones legales aún no resueltas vienen en primera línea de defensa. La administración argentina ha enfatizado que la sentencia, que asciende a una suma sin precedentes de 16.100 millones de dólares, permanece bajo apelación, destacando lo que han denominado fundamentos jurídicos de inmensa complejidad. Incluso, según el equipo legal argentino, el Gobierno de EE.UU. ha manifestado disconformidad con la interpretación del tribunal.

En un segundo plano del discurso, se marca el daño irreversible que traería el cumplimiento del "turnover" de las acciones, lo cual forzaría a la Argentina a transgredir su legislación interna y a una pérdida insustituible del control sobre YPF. Adicionalmente, al suspender la ejecución no existiría un perjuicio para los demandantes, ya que las normativas locales impiden una venta de acciones sin el beneplácito legislativo. Además, tal acción impactaría a diversos actores, incluyendo provincias y bonistas, y abriría la puerta a cláusulas contractuales que podrían dañar los intereses de YPF.

Para Bainbridge, se ha advertido sobre una violación directa del derecho Argentino. Se sostiene que traspasar las acciones conllevaría una transgresión de la Ley 26.741, que protege el dominio y control público sobre los recursos hidrocarburíferos, lo cual jamás debe ser debilitado o cuestionado por entes internacionales.