Rosario aplicará por primera vez la Ley Antimafias

La ciudad de Rosario, ubicada en la provincia argentina de Santa Fe, se encuentra en el centro de una histórica aplicación de poder legal inédita en el país. Por primera vez, se implementará la Ley Antimafias Nº 27.786 en un intento por frenar la violencia de las bandas delictivas que han tomado como rehén a la ciudad en un espiral de criminalidad que parece no tener fin. Las medidas incluyen la realización de allanamientos masivos, la extensión de los períodos de detención, y el endurecimiento de las penas para aquellos involucrados en actividades delictivas organizadas.

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El Ministerio de Seguridad Nacional, liderado por Patricia Bullrich, ha solicitado formalmente a los jueces federales con jurisdicción en Rosario que la ciudad sea declarada como "zona sujeta a investigación especial", una figura contemplada en el artículo 4° de la Ley Antimafias. Esta declaración no es meramente simbólica; representa un compromiso de la justicia y las fuerzas de seguridad para dotarse de herramientas necesarias para combatir la delincuencia.

La ofensiva legal se sustenta en la Resolución 572/2025, recientemente publicada en el Boletín Oficial. Según informa, en Rosario operan organizaciones criminales dedicadas a actividades específicamente tipificadas en la Ley Nº 27.786, respaldado por información proporcionada por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Estas organizaciones no sólo están bien estructuradas, sino que también actúan con tácticas que ya son familiares para las fuerzas de seguridad, y que han sido cuidadosamente predichas en el marco legislativo.

La escalada de violencia en Rosario ha sido un tema de suma urgencia tanto para las autoridades provinciales como nacionales. Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, ha sido una voz insistente en la búsqueda de soluciones, solicitando la activación del Comité de Crisis a comienzos del año pasado, una iniciativa que fue formalizada con las resoluciones 107/2024 y 634/2024. Esta situación crítica había generado cierta parálisis institucional por la carencia de mecanismos disponibles eficaces. Sin embargo, con la aplicación de la nueva ley, se contempla un escenario donde la propia estructura legal se adapte y reaccione eficazmente a la amenaza.

El Ministerio de Seguridad, en un esfuerzo conjunto con el Ministerio Público Fiscal y sus delegaciones especializadas, tiene ahora la posibilidad de solicitar al Poder Judicial que exponga zonas específicas como bajo "investigación especial", una designación que ya cuenta con el respaldo legal necesario. Las acciones que se tomen en virtud de esta declaración proveerán continuidad y soporte a las Policiales y Fuerzas de Seguridad Redesplegadas en la localidad bajo el Plan Bandera, capacitado para afrontar desde reconocimiento preliminar hasta operativos post-judiciales.