Polémica declaración de Trump: “Los criminales se esconden en las escuelas y las iglesias”

Durante sus primeras 48 horas en la presidencia, Donald Trump ha dado un drástico giro a las políticas de inmigración de su predecesor. Bajo este nuevo mandato, se han autorizado redadas en lugares hasta ahora considerados "santuarios", como iglesias, hospitales y escuelas, afectando de manera significativa a la política migratoria de Estados Unidos.

Lee también: Hamas liberará a cuatro rehenes israelíes este fin de semana

Esta decisión fue implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo bajo la dirección de Trump, que ha dejado sin efecto una medida del expresidente Joe Biden. Biden había ordenado a los agentes de inmigración evitar las redadas en los denominados "sitios protegidos" para asegurar que los inmigrantes tuvieran acceso a servicios esenciales sin temor a arrestos. Sin embargo, la actual administración opina que estas directrices limitaban la capacidad de las fuerzas de seguridad de capturar a lo que denominan "criminales extranjeros".

El anuncio ha provocado un amplio debate nacional. Si bien el Gobierno asegura que estas acciones empoderan a las fuerzas del orden para hacer cumplir las leyes del país, organizaciones pro-derechos humanos advierten sobre el impacto negativo que tendrá en las comunidades migrantes. "Con esta medida, estaremos viendo cómo nuestras comunidades se ven afectadas por el miedo y la desconfianza", señaló uno de los representantes de una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes.

Además, esta iniciativa se suma a la emergencia nacional en la frontera con México, con la que Trump justifica sellar más áreas de la frontera y asignar fondos adicionales para las masivas deportaciones. Las autoridades han sugerido que personas indocumentadas "se esconden" en centros de culto y educación para evitar ser capturadas, generando una gran controversia sobre la realidad de esta afirmación.

Simultáneamente, el cese de la aplicación CBP One, utilizada para procesar citas de asilo en la frontera sur de EE. UU., ha dejado a miles de migrantes en una situación de incertidumbre en México. Se calcula que alrededor de 270,000 personas han quedado sin respuestas claras ante esta política. Esta situación tensa el ambiente tanto a nivel local como internacional, generando críticas desde distintas organizaciones que instan al gobierno a considerar los derechos humanos en sus decisiones políticas.