Las transferencias automáticas a las provincias se desplomaron un 10% en 2024

El año 2024 cerró con un severo golpe para las provincias argentinas debido a la dramática disminución en las transferencias automáticas por coparticipación, que sufrieron una caída del 10% real al ajustar por inflación. Esta merma posiciona a este año como el segundo peor en la última década en términos de fondos distribuidos bajo este esquema.

Lee también: ARCA ya habilitó la devolución de percepciones de 2025

A pesar de lograr un incremento nominal del 120% en diciembre, que resultó en $4.245.000 millones transferidos comparados con los $1.928.000 millones del mismo mes del año anterior, la inflación desafiante superó este crecimiento aparente. El informe mensual del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) detalla que el monto neto transferido ascendió a $42.133.000 millones durante todo el año, balanceándose en contextos inflacionarios exasperantes.

Este contexto ha exacerbado las tensiones entre la Nación y las provincias, que se encontraba ya al rojo vivo debido al plan Motosierra implementado por el presidente electo Javier Milei, efectivo desde su asunción en diciembre de 2023. Las disputas se intensifican en el Congreso, donde intentos de aliviar las arcas provinciales mediante propuestas como la recuperación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias caldearon aún más el panorama. Las provincias siguieron presionando para que se coparticipe el Impuesto País, un gravamen que ha sido un punto álgido de negociación.

Por otra parte, surge paralelamente un clamor desde las jurisdicciones subnacionales para coparticipar el impuesto a los combustibles. La solicitud ya había sido formulada en parte por la Red Federal de Intendentes en junio, pero, pese al esfuerza coordinado, este proyecto ha encontrado poco eco en el Parlamento.

La persistente negativa de la administración central para delinear un presupuesto concreto para el 2025 no hace más que añadir incertidumbre. Al prorrogar nuevamente la "ley de leyes" de 2023, el gobierno central retiene el poder discrecional sobre el manejo de fondos mientras las provincias enfrentan desigualdades crecientes en acceso a recursos.

Desde el punto de vista cuantitativo, el informe del IARAF reveló una caída acumulativa por un valor aproximado de $4,2 billones para las 24 jurisdicciones subnacionales, de la cual un cuarto afecta solo a la provincia de Buenos Aires. En este panorama, Santa Cruz emerge como una de las pocas provincias con indicadores positivos, aumentando sus fondos recibidos en un 8%.