El Gobierno quiere que las barras bravas sean consideradas organizaciones criminales

En un esfuerzo significativo por erradicar la violencia y los negocios ilegales que plagan el entorno del fútbol, el Gobierno está desarrollando un proyecto de ley innovador y ambicioso cuyo objetivo es desmantelar las redes de barrabravas. Esta iniciativa, que se encuentra actualmente bajo escrutinio por parte del departamento de Legal y Técnica de la Presidencia, pretende clasificar a estas grupos como verdaderas asociaciones ilícitas.

De ser aprobado, el proyecto no solo impondrá castigos más drásticos para quienes conforman las barrabravas, sino también para aquellos dirigentes de clubes que se descubra que les brindan apoyo o colaboración, transformándose así en cómplices de sus delitos.

El núcleo de esta propuesta legislativa es redefinir legalmente a las barrabravas, tratándolas como organizaciones criminales. Al establecer sus actividades como conductas típicas de asociaciones ilícitas, el marco judicial se endurece significativamente. Así, cualquier individuo que sea sorprendido trasladando armas o revendiendo entradas de protocolo podría enfrentarse a penas de prisión que van desde los dos años hasta los cuatro años. Sin embargo, los verdaderos focos de esta reforma serán los dirigentes de los clubes de fútbol que, ya sea por miedo o afinidad, mantienen relaciones de complicidad con estos grupos, facilitándoles entradas u otros beneficios. Para estos, las penas podrían alcanzar los seis años de prisión, marcando un precedente en materia de responsabilidad legal dentro del ámbito deportivo.

Pero el plan del Ejecutivo no se limita únicamente a las actividades de los barrabravas, sino también apunta a desbaratar los negocios ilegales que surgen en el ámbito del fútbol. El control de estacionamientos por parte de los conocidos 'trapitos' es un ejemplo de las prácticas que, bajo esta nueva legislación, serán objeto de sanciones penales. Estos mecanismos son esenciales para cortar las diversas fuentes de financiamiento que mantienen a las barras operativas, lucrando a través de medios extorsivos y amenazas.

Este enfoque integral también propone un endurecimiento en el régimen de inhabilitación administrativa. Las autoridades están planteando nuevas medidas que les permitirán prohibir el acceso a los estadios a individuos siquiera imputados por delitos, aún si no han recibido aún una sentencia condenatoria. Un caso testigo de esta política anticipada lo protagonizan Rafael Di Zeo y Alberto 'Skeletor' Maciel, figuras prominentes de 'La 12', la popular barra del club Boca Juniors, quienes actualmente enfrentan cargos por tenencia de armas y mantienen prohibiciones indefinidas de acceso a eventos deportivos. En el caso de que estas imputaciones culminen en condenas, no solo se cumplirán las penas dictadas, sino que las restricciones pasarán a ser permanentes, asegurando que no regresen a los estadios.

Complementando este vigoroso plan, el proyecto también busca asignar responsabilidad a los organizadores de eventos deportivos, quienes bajo esta nueva ley, estarían obligados legalmente a prevenir la entrada de armas y a negar acceso a personas con antecedentes incluso legales o restricciones de ingreso.