El Gobierno le puso fin a la emergencia territorial indígena y podrán desalojar comunidades

El Gobierno Nacional, presidido por Javier Milei, ha tomado una decisión que marca un antes y un después en la relación con las comunidades indígenas en Argentina. A través de un decreto de necesidad y urgencia, identificado como DNU 1083/2024, se ha dispuesto la finalización de la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan distintas comunidades indígenas en el país. Esta medida ha despertado temores sobre posibles desalojos masivos de estas tierras.

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Desde el año 2006, se había declarado una emergencia que protegía a las comunidades indígenas y sus tierras, la cual había sido prorrogada hasta el 2025 bajo un decreto de 2021. Sin embargo, el nuevo DNU ha revocado esta extensión, generando una debacle en el ámbito de los derechos humanos y territoriales. Según el segundo artículo del DNU, la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos correspondientes a desalojos de comunidades indígenas ha quedado sin efecto, auténticamente permitiendo que se reactiven procesos de desalojo pendientes desde hace años.

El Gobierno libertario argumenta que la emergencia brindada a las comunidades indígenas ha provocando incluso más problemas que anteriores órdenes gubernamentales. Señalando casos de supuestos abusos en la inscripción en registros oficiales y señalando un uso "discrecional" del reconocimiento legal como pueblo originario. A modo de ejemplo, indican que existen unos 1,626 pueblos registrados, de los cuales 254 tienen antecedentes judicializados por temas de usurpaciones de tierras e incidentes de violencia.

La situación resulta particularmente tensa en la región de la Patagonia, ya que de acuerdo al comunicado oficial, se han experimentado tomas de tierras y perjuicios ambientales notables, peligrosamente con incendios intencionados reiterados. Es bajo este contexto que la administración nacional justifica el fin a la emergencia, abogando por que se respete el derecho de propiedad privada y el control estatal de los recursos naturales.

Las consecuencias de esta medida podrían ser inmediatas y severas. Organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su preocupación ante la posibilidad de enfrentamientos violentos en comunidades que históricamente han luchado por el reconocimiento de sus tierras. Las autoridades señalan que la intervención de las fuerzas de seguridad y las decisiones judiciales son ahora imprescindibles para proceder con desalojos o desocupaciones que se juzguen necesarias.