El nuevo ministro de Salud pidió la renuncia de integrantes del Garrahan

El reciente nombramiento de Mario Lugones como ministro de Salud ha comenzado con acciones contundentes que ya están generando olas en el ámbito de la salud pública en Argentina. En un movimiento inesperado, Lugones solicitó este miércoles la renuncia de todos los miembros del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, un centro pediátrico que ha sido foco de atención debido a tensiones salariales.

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La chispa que encendió la decisión del ministro fue el otorgamiento de un bono extraordinario de $500.000 al personal del hospital. Este acto, que habría sido llevado a cabo sin la evaluación ni la consulta debida con el Ministerio de Salud, ha sido fundamental en la restructuración administrativa que se está gestando en el Garrahan. Fuentes oficiales indicaron que el bono no estaba alineado con la pauta salarial establecida por el Estado Nacional, lo que forzó al ministerio a tomar medidas drásticas.

La situación interna del hospital es delicada. Un descontento creciente se había manifestado entre los trabajadores, quienes veían con ojos críticos los altos ingresos del Consejo de Administración que oscilan en los $5,5 millones. Esta cifra tiene una diferencia significativa comparada con los sueldos de los profesionales sanitarios, quienes han demostrado su frustración en reiteradas ocasiones.

La presión sobre los profesionales de la salud se materializó el pasado 4 de septiembre, cuando el personal del Garrahan llevó a cabo una huelga. La demanda principal fue una urgente recomposición salarial del 100% y la eliminación del Impuesto a las Ganancias, percibido como una 'confiscación' del salario justo de los trabajadores. La protesta también destacó la dependencia dual del hospital tanto de la Nación como del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una complicación en la estructura del manejo del hospital.

Con la encomienda de alinearse a las directrices del déficit cero del Gobierno Nacional, el Ministro insiste en que cualquier función administrativa debe tener una responsabilidad calculada hacia el uso de recursos públicos con el fin fundamental de mejorar las prestaciones a los argentinos.