Caso Linares: Prorrogan la investigación y las medidas de coerción para el camionero brasileño

Este miércoles, el juez Ignacio Pombo resolvió extender por un mes el plazo de la investigación preparatoria en la causa que involucra al ciudadano brasileño Carlos Artur de Peder Da Silva, imputado por provocar el accidente en la Ruta Nacional 40 que resultó en la muerte de cuatro personas (los hermanos Linares y sus respectivos hijos). La decisión otorga más tiempo a la fiscalía, la querella y la defensa para avanzar en la recolección de pruebas y el desarrollo del caso.

Lee también: Néstor Aguilar Soto irá a juicio por el femicidio de Catalina Gutiérrez 

Además, el magistrado prorrogó por cuatro meses las medidas de coerción impuestas a Peder Da Silva, manteniendo la prohibición de salir del país. La defensa del acusado había solicitado en varias ocasiones que se le permitiera regresar a Brasil, comprometiéndose a comparecer ante la justicia neuquina cuando fuera requerido, pero esa petición fue nuevamente rechazada.

Sin embargo, el juez accedió a reducir la frecuencia con la que el camionero debe presentarse en una comisaría de Bariloche. A partir de hoy, solo deberá hacerlo tres veces por semana: lunes, jueves y sábado.

El accidente ocurrió el pasado 1° de junio, cuando, según la acusación de la fiscalía, el camión conducido por Peder Da Silva chocó contra una camioneta Fiat Strada en la que viajaban los hermanos Ezequiel y Lisandro Linares, junto con sus hijos Taiel y Martina, quienes fallecieron en el lugar. La colisión tuvo lugar entre los kilómetros 2062 y 2063 de la Ruta Nacional 40, a unos 50 kilómetros de Villa La Angostura.

El fiscal Adrián De Lillo presentó recientemente la acusación formal contra el camionero brasileño, calificando el hecho como homicidio culposo agravado, debido a la conducción imprudente de un vehículo y el número de víctimas fatales.

La fiscalía sostiene que Peder Da Silva invadió el carril contrario al no respetar las señales de tránsito, lo que provocó la colisión fatal. Según De Lillo, la intención es buscar una condena superior a tres años de prisión, con una pena máxima posible de seis años.

El proceso judicial continuará con la incorporación de 16 testigos y los resultados de las pericias accidentológicas, mientras las familias de las víctimas aguardan el juicio.