Primera acción judicial contra el veto a la reforma de la movilidad jubilatoria

El contexto político argentino se ha visto sacudido recientemente con la presentación de una acción judicial por parte de dos jubilados, R.R. y M.L.G. Los ciudadanos han interpuesto una demanda para que se declare inconstitucional el Decreto 782/24, mediante el cual el gobierno presidido por Javier Milei vetó la Ley 27.756. Dicha ley incluía modificaciones beneficiosas al régimen previsional, específicamente en la fórmula de movilidad jubilatoria.

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Patrocinados por los abogados Andrés Gil Domínguez y Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, los jubilados han denunciado una situación que consideran de “gravedad institucional”. En su solicitud, anuncian que se reservan el derecho de elevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, subrayando el impacto que esta decisión podría tener en el sistema previsional.

La demanda presentada ante la justicia argumenta que el veto presidencial impacta negativamente sobre “el derecho a la seguridad social respecto de la movilidad y compensación de las prestaciones jubilatorias” que establece la Constitución Nacional. Esta presentación pone el foco en lo que consideran una violación directa a este derecho protegido por la carta magna argentina.

Según los accionantes, el decreto carece de la fundamentación necesaria, calificándolo como “inválido”. La acción judicial destaca puntos técnicos sobre la fórmula establecida por la ley vetada, que se considera favorable para los jubilados ya que incorporaba un bono al haber jubilatorio, sometiéndolo a la fórmula de movilidad. De esta forma, se eliminaba la capacidad discrecional del Poder Ejecutivo de definir el monto de los bonos o suplementos de manera arbitraria.

La argumentación de los demandantes también se centra en cómo el veto presidencial vulnera derechos constitucionales clave, como el derecho a la seguridad social en términos de movilidad y compensación de las prestaciones jubilatorias (artículo 14 bis de la Constitución argentina).

Asimismo, señalan que el acto también contraviene el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 17 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Por último, los jubilados alegan que el veto afecta principios fundamentales como el de razonabilidad (artículo 28 de la Constitución argentina) y el de progresividad y no regresividad del sistema de derechos (artículo 75 inciso 22 de la Constitución argentina).

En su solicitud final, los demandantes instan a que se declare la “inconstitucionalidad e inconvencionalidad del Decreto 782/2024, ordenando al Poder Ejecutivo Nacional que promulgue la Ley 27.756”.