ADUNC en alerta tras el anuncio de veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario

El reciente anuncio del presidente Javier Milei de su decisión de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada ayer por el Senado con más de dos tercios de los votos, ha encendido la alarma en la comunidad universitaria y en los gremios docentes, como ADUNC (Asociación de Docentes Universitarios del Comahue). La ley, considerada un hito en la defensa de la universidad pública y los derechos laborales de los trabajadores docentes y no docentes, está ahora bajo amenaza de veto presidencial.

ADUNC, en un comunicado emitido tras conocerse la decisión de Milei, celebró el logro alcanzado en el Senado, destacando que “se trata de un triunfo de la movilización popular y la lucha constante en defensa de la Universidad Pública y el salario de sus trabajadoras y trabajadores”. El sindicato reconoció el esfuerzo colectivo de docentes y afiliados, quienes han estado presentes en cada jornada de lucha y visibilización para impulsar la aprobación de la ley.

Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado tras las declaraciones del presidente Milei, quien en sus redes sociales escribió: "VETO TOTAL", confirmando su rechazo a la ley. Esta respuesta llegó poco después de que Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, afirmara que algunos artículos del proyecto aprobado constituían “populismo legislativo”. El subsecretario había insinuado que el veto era inminente y posteriormente aclaró que la decisión final recaía sobre el presidente, quien no tardó en oficializar su postura.

ADUNC ha expresado su repudio ante esta amenaza y aseguró que seguirán en “estado de alerta” para defender la ley y exigir su promulgación. “De concretarse el veto, nos encontraremos una vez más en las calles”, manifestaron desde el sindicato, reafirmando su compromiso con la universidad pública y el bienestar de sus trabajadores.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada este viernes, busca garantizar recursos suficientes para el sostenimiento de las universidades públicas, mejorando el salario de docentes y no docentes y fortaleciendo la calidad educativa. Para los gremios docentes, representa un avance significativo tras años de lucha por condiciones laborales dignas y salarios justos.