Fue detenido el militante de H.I.J.O.S por el crimen de su madre

Fernando Armando Albareda, un reconocido militante de la organización H.I.J.O.S, fue arrestado recientemente en la ciudad de Córdoba, acusado del asesinato de su madre, Susana Beatriz Montoya. La detención se produce tras un extenso trabajo de investigación que aportó contundentes pruebas que llevaron a que se lo imputara del cargo de "homicidio calificado por el vínculo".

La Fiscalía de Instrucción del Distrito IV de Córdoba hizo pública esta acusación, declarando que Albareda ha sido "imputado y detenido como supuesto autor del suceso encuadrado legalmente como Homicidio calificado por el vínculo".

"Se prevé que en los próximos días sea trasladado a la sede de la Fiscalía a efecto de recibirle declaración con la debida asistencia legal, asegurándole el pleno goce de las garantías constitucionales y procesales correspondientes", indicó el Ministerio Público Fiscal.

El caso ha resonado en los medios nacionales debido a la trayectoria de Susana Beatriz Montoya, quien era viuda de un policía desaparecido durante la última dictadura militar en Argentina.

Albareda había reportado previamente amenazas en su contra, afirmando que recibiría un destino similar al de su madre. Sin embargo, estas declaraciones levantaron sospechas en el equipo de investigación liderado por el fiscal Juan Pablo Klinger. La Fiscalía ahora lo acusa no solo del homicidio de su madre, sino también de fabricar las cartas amenazantes que pretendían desviar la atención del verdadero culpable.

Las pruebas forenses jugadas un papel crucial en el avance de este caso. “El informe técnico del Área de Grafocrítica ha podido establecer preliminarmente que los manuscritos en la pared de la casa de la víctima presentan grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados”, señaló un comunicado de la Fiscalía. Añadieron que las cartas amenazantes y los mensajes dentro de la vivienda de Montoya tienen similitudes con la escritura de Albareda.

El escenario no ha pasado desapercibido para las organizaciones de derechos humanos de la provincia. En un comunicado conjunto, distintos organismos exigieron a la Justicia de Córdoba y al Poder Ejecutivo "la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho".