El Gobierno denunció irregularidades en la entrega de pensiones por discapacidad

El vocero presidencial Manuel Adorni ha denunciado públicamente irregularidades y desmanejo de fondos en la entrega de pensiones por discapacidad durante las gestiones anteriores. Según se estima, en el último año se desviaron fondos equivalentes a u$s3.400 millones.

La denuncia fue realizada en su habitual conferencia de prensa, donde Adorni, miembro de La Libertad Avanza (LLA), presentó detalles sobre las cifras irregulares que, según afirmó, corresponden a las administraciones de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

Adorni explicó que entre 2003 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas, las pensiones no contributivas por invalidez laboral aumentaron de 79.000 a 1.045.000. Durante el período de 2015 a 2019, la cifra se redujo marginalmente a 1.026.000 y, para diciembre de 2023, la cantidad de beneficiarios alcanzó los 1.222.000. Este aumento, según Adorni, es desproporcionado y no corresponde a un país sin conflictos bélicos o catástrofes naturales de gran magnitud.

El vocero también enumeró varias “incompatibilidades” entre los beneficiarios, mencionando que 25.000 de ellos están actualmente empleados, y 60.000 presentan incompatibilidades en los requisitos, como poseer varios autos, propiedades, embarcaciones e incluso aviones privados. Además, cada persona que recibió indebidamente una pensión por invalidez también accedió al servicio de la obra social Incluir Salud, ejecutando una transferencia promedio de 1.500.000 pesos por afiliado desde el Gobierno Nacional hacia las provincias.

En su declaración, Adorni reveló casos específicos encontrados durante las auditorías, incluyendo uno en el Chaco, donde una radiografía de hombro fue usada como prueba en 150 pensiones por invalidez distintas. También mencionó un caso en 2022 en Corrientes, donde un médico presentó una radiografía de un perro para obtener una pensión por 'trastorno de disco lumbar e hipertensión'.

Otro ejemplo citado fue la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que tiene 683 empleados recibiendo pensión por invalidez. De estos, el 65% fueron otorgadas en menos de 30 días, a pesar de que el trámite promedio del organismo suele tardar dos años. El 90% de estos beneficiarios no pasó por la auditoría médica adecuada.