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VILLA MASCARDI

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12/05/2024

¿Qué decía el acuerdo que la Administración de Parques Nacionales dejó sin efecto?

¿Qué decía el acuerdo que la Administración de Parques Nacionales dejó sin efecto?
¿Qué decía el acuerdo que la Administración de Parques Nacionales dejó sin efecto?

El actual Directorio de la Administración de Parques Nacionales dejó sin efecto una resolución en la que se ratificaba lo que se había rubricado en un acuerdo del cual el organismo había formado parte, entre representantes del Estado nacional y referentes mapuches.

La nueva determinación de Parques está fechada el 26 de abril de este año.

El pacto, en tanto, se había firmado el 1° de junio de 2023 en Buenos Aires, en una sala del Archivo Nacional de la Memoria de la ex-Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

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El acta que había salido de aquel encuentro incluía ocho puntos.

El primero indicaba: “El Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos – INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), se compromete a reconocer el rewe como sitio sagrado para el pueblo mapuche a fin de que la machi Betiana Colhuan pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales. A tal fin, se construirán tres rukas: la ruka lawen (espacio donde pernoctarán los pacientes y estarían a resguardo todos los elementos de uso para la medicina tradicional mapuche), la ruka kellun (donde viven los colaboradores indispensables de la machi) y la ruka de la machi, donde vivirá ella y su familia. A tal fin, se otorgará permiso de uso del terreno identificado catastralmente como 19-7-A-011-14-0 ubicado en la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. Se deja expresa constancia que el resto de la comunidad Lafken Winkul Mapu será reubicada en otras tierras”.

Justamente, en el segundo punto figuraba la aclaración de que la lof aceptaba que “el resto de sus integrantes” se iba a instalar en un sitio diferente. Sobre el lugar que se les daría, el texto explicaba: “Será analizado en el marco de la mesa de diálogo en las próximas semanas, siendo la primera de ellas en la semana del 5 al 9 de junio del 2023”. Esto fue firmado el 1° de junio, apenas unos días de la fecha que figuraba estipulada y que no se concretó.

El tercer inciso refería a que la comunidad debía continuar “con el trámite de su inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas –RENACI– del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hasta su finalización”.

El cuarto punto, en tanto, señalaba que el Poder Ejecutivo Nacional habilitaría en Villa Mascardi “oficinas de distintas agencias gubernamentales (Secretaría de Derechos Humanos, Centro de Acceso de Justicia, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Ministerio de Seguridad, etcétera)”, dependencias que se situarían “en la zona, aunque no en los terrenos inmediatamente colindantes al rewe”.

En quinto lugar se exponía: “Las distintas partes intervinientes en las causas penales número 26.511 y 16.149 (defensas de las imputadas y la querella de Parques Nacionales) se comprometen a elaborar y presentar en los respectivos juzgados, con fecha límite del 9 de junio del 2023, un acuerdo de conciliación en los términos del artículo 34 del Código Procesal Penal Federal que contemplará las pautas del presente acuerdo. Se deja constancia que las partes asumen que cualquier incumplimiento de dichas pautas implicará la caída del acuerdo conciliatorio y –por ende– el resurgimiento de las causas penales. A los fines de otorgar el mayor compromiso posible al acuerdo conciliatorio, el mismo será acompañado –además de por las partes– por el resto de los integrantes de la mesa de diálogo”.

Cabe indicar que en la causa 26.511, correspondiente a 2017, la Justicia aceptó el acuerdo, cosa que no sucedió en la 16.149, de 2022, que, dada esa determinación, se prevé que llegue a juicio a fines de junio. Ambas cuestiones fueron apeladas, en cada caso por la parte que se considera damnificada.

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El punto seis del pacto manifestaba que el Estado se comprometía a “construir las rukas mencionadas en el punto 1”.

El inciso siete señalaba que, a partir del 5 de junio de 2023, las comunidades designarían entre cuatro y seis personas autorizadas a ingresar al rewe (podrían reemplazarse cada día) para constatar su “seguridad e integridad”.

“El Ministerio de Seguridad de la Nación se compromete a garantizar la seguridad del rewe”, finalizaba, en su octavo punto, el texto firmado entre las partes.

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