El diputado nacional Sergio Capozzi apunta a endurecer los controles a la pesca ilegal en el mar argentino. Para ello propone un proyecto de ley que tiene como objeto establecer los mecanismos legales necesarios para preservar y garantizar la soberanía nacional y la integridad de su territorio en el espacio marítimo, en concordancia con los principios fundamentales que rigen la seguridad y defensa del Estado; con el fin de combatir el crimen organizado y la depredación de los recursos marítimos a través de la interceptación, identificación, desvío, persuasión o neutralización de barcos que infrinjan las disposiciones sobre la navegación marítima y aérea establecidas en la normativa nacional e internacional. El parlamentario rionegrino propone la compra de drones de alta calidad para monitorear el mar argentino.

Capozzi dentro de su esquema sostiene que cuando el buque extranjero y/o no identificado infractor, o sobre cuya actividad se tenga fundadas sospechas de incurrir en alguna de las actividades ilícitas previstas en la normativa vigente, se encontrare navegando dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina se procederá a su intercepción y detención conforme a “protocolo de actuación para unidades de superficie ante la detección de buques pesqueros extranjeros”.

Agotadas "todas las instancias de persecución, disparos de intimidación y de invalidación sin resultado positivo, se autoriza el uso de la fuerza hasta lograr la neutralización del buque infractor”.

En los fundamentos del proyecto el diputado rionegrino propone que “si la amenaza persistente de actividades ilegales, como la pesca no autorizada en nuestras aguas, exige una respuesta legislativa firme y efectiva. En este sentido, proponemos la implementación de una Ley de Neutralización de Barcos Pesqueros Ilegales que otorgue a las autoridades nacionales la facultad de neutralizar barcos extranjeros y/o no identificados involucrados en estas actividades ilícitas”.

Asimismo refiere que “por un lado, la pesca ilegal representa una seria amenaza para la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestros recursos marinos. La aprobación de esta ley se fundamenta en la necesidad de proteger y preservar nuestras aguas territoriales, asegurando el bienestar de nuestras comunidades costeras y la conservación de las especies marinas. Por otro lado, el espacio marítimo representa extensiones fundamentales de nuestra soberanía nacional. La violación constante de estos territorios por parte de barcos sin autorización atenta contra nuestra integridad territorial y pone en peligro la seguridad nacional. La Ley de Neutralización de Barcos Pesqueros Ilegales busca afirmar y proteger nuestra soberanía ante estas transgresiones”.

Agrega que “en este sentido, la amenaza de neutralización actuará como un disuasivo eficaz contra aquellos que buscan cometer actividades ilegales en nuestras aguas. Al otorgar a nuestras fuerzas la autoridad para tomar medidas enérgicas, la ley contribuirá a prevenir violaciones recurrentes y garantizará la seguridad de nuestras fronteras. La legislación propuesta establecerá protocolos claros y procedimientos estrictos para la implementación de la neutralización, asegurando que estas medidas se tomen de manera proporcionada y solo en situaciones críticas. La proporcionalidad será un principio rector para garantizar la seguridad y evitar daños colaterales innecesarios”.

Es evidente que “la pesca ilegal no autorizada no solo representa una amenaza para la seguridad nacional, sino también para la economía y el medio ambiente. La implementación de esta ley tiene como objetivo proteger los recursos económicos y ambientales, asegurando un desarrollo sostenible y la preservación de nuestro entorno marino y terrestre”.

Mas adelante dice: “en lo que respecta a la pesca ilegal, la presencia de flotas realizando actividades de pesca sin control en la Zona Económica Exclusiva argentina tampoco es una situación reciente. De hecho, esta problemática ha cobrado relevancia en la agenda de las autoridades y la población debido al saqueo sistemático de los recursos pesqueros argentinos por parte de flotas extranjeras y/o no identificados, así como por la participación irregular de flotas”.

Por último, Sergio Capozzi refiere que “la pesca ilegal, particularmente en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, así como la pesca no regulada en las aguas adyacentes de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), representan una pérdida estimada para el país de entre U$S 1.000 y U$S 2.000 millones anuales, según especialistas. Eduardo Pucci, director ejecutivo de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (Opras), identifica tres componentes de la pesca ilegal: la ilícita, realizada sin permisos; la no declarada; y la no reglamentada. Los cálculos, basados en registros y estimaciones, señalan que la captura de peces en los archipiélagos oscila entre 200 mil y 400 mil toneladas anuales, y la pesca no reglamentada alcanza las 300 mil toneladas”.

También el proyecto contempla “la protección de las vidas humanas en el mar al evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los pescadores. Al dotar de más recursos a las fuerzas de seguridad y establecer un marco legal más robusto para combatir la pesca ilegal y sus infracciones, se busca disuadir la realización de actividades pesqueras clandestinas que, en muchos casos, ponen en peligro la integridad física y la vida de los marineros". La propuesta aspira a lograr drones de alta calidad para el control del litoral marítimo. Dichos drones tendrían un costo de U$S 10.000 y con el sistema se podría monitorear en forma exhaustiva el mar argentino.