Es una incógnita total qué se habló en la llamada, pero la última comunicación telefónica de la víctima duró 17 segundos. Fue con uno de los imputados y a partir de allí comenzó a direccionarse la investigación que en principio tenía como testigos a las personas que ahora están acusadas por el homicidio agravado, sancionado con la pena de prisión perpetua.

El domingo 7 de abril en horas de la tarde, Facundo Bargiela estaba en su domicilio particular en compañía de su pareja cuando recibió un llamado telefónico que se prolongó por 17 segundos. Instantes después anunció que salía y que regresaba en breve. Pero no lo hizo. Su cuerpo sin vida fue encontrado el martes 9 en horas de la mañana. Tenía un impacto de bala que ingresó por el costado izquierdo de la nuca y salió por su ojo derecho. Fue asesinado a traición.

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Las autoridades llevaban horas buscándolo en función de los pedidos desesperados de los familiares que ya habían radicado la denuncia correspondiente por desaparición de persona.

Con intervención de la Oficina de Investigaciones en Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio Público, rápidamente se analizaron los movimientos de la línea telefónica de la víctima. A partir de entonces comenzó una apresurada investigación que buscó recabar información de las últimas personas que tuvieron contacto con el hombre asesinado.

La Oitel determinó que la última llamada que recibió Bargiela duró 17 segundos. Y provenía de alguien muy cercano, hoy imputado en la causa.

Con esos elementos a disposición, la fiscalía ordenó la demora de Jonathan Rabinovici y Santiago Figueroa, en calidad de testigos. Al punto tal que el segundo de ellos fue buscado en su trabajo por cuatro efectivos policiales que lo trasladaron a la comisaría 80.

Lo que siguió es severamente cuestionado por las defensas, quienes señalan que en realidad la fiscalía ocultó su fuerte sospecha en los nombrados y los entrevistó en calidad de testigos, aunque claramente ya eran los principales sospechosos del crimen, sometiéndolos a diversas prácticas investigativas sin notificarlos fehacientemente de que estaban detenidos, sin darle participación a un defensor y, fundamentalmente, avanzando en medidas probatorias que los acusados aceptaron voluntariamente, como la entrega de teléfonos celulares y las tomas de pruebas biológicas a las que los sometieron. Era tan grande la sospecha, que según aducen las defensas, al revisarse el contenido de las entrevistas, se desprende que no fueron simples consultas a testigos sino que en realidad fueron sometidos a declaraciones indagatorias, en los que pese a sus negativas, fueron insistentemente consultados sobre lo ocurrido y hasta presionados para que declaren.

Aunque el juez Laurence convalidó la formulación de cargos, anuló las pruebas obtenidas en esas circunstancias. La cuestión no terminará aquí, ya que las defensas anunciaron que impugnarán lo actuado y reservaron su derecho de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la grave transgresión a derechos y garantías consagrados por la legislación. Algo que lamentablemente ya ocurrió en relevantes casos investigados en Bariloche, bajo el mando de la fiscal Betiana Cendón que acabaron por consagrar la impunidad por las transgresiones a las normas de parte de los investigadores, por caso, en el crimen de un bebé recién nacido a manos de su propia madre.

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Jonathan Rabinovici (31), Santiago Figueroa (19) y Carlos Bracamonte (61), seguirán detenidos mientras avance la investigación en su contra en la que están imputados los dos primeros como coautores del crimen y el tercero como partícipe necesario para el mismo homicidio agravado. Resta resolver la situación de Julio Torres, también detenido, quien podría ser imputado este martes como autor del delito de encubrimiento, aunque la fiscalía adelantó en varios tramos de sus presentaciones de cargos, que la investigación no está cerrada y no descartan la participación de más personas en el brutal crimen.

De acuerdo a la teoría acusatoria que planteó en audiencia el fiscal César Lanfranchi, Facundo Bargiela fue ultimado a traición, sorprendido desde la parte trasera del vehículo en el que viajaba como acompañante en la parte delantera. Le descerrajaron un disparo sin que pudiera defenderse. El proyectil ingresó por la región occipital izquierda con orificio de salida en zona orbital derecha.

Todo ello ocurrió de acuerdo a lo que previamente habían acordado los acusados, quienes en primera instancia se comunicaron con la víctima y pactaron encontrarse en pleno centro de la ciudad. Se aseguraron de mantener tranquilo a Bargiela por la relación de confianza que tenían con él. Se trasladaron a bordo de un Chevrolet Onix hacia el Ñireco, lugar en que ascendió al vehículo el último de los imputados. Finalmente se desplazaron hasta el escenario en el que fue descartado el cuerpo, en un descampado lindero a la ruta de Circunvalación, en cercanías de la estación La Paloma de Edersa. El espacio geográfico y el momento exacto del crimen no está determinado todavía.

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El vehículo marca Chevrolet en el que se habría producido el homicidio aún no fue encontrado por las autoridades, aunque según detalló el fiscal Lanfranchi en el marco de una audiencia desarrollada este lunes, está comprobado que tras el hecho el vehículo fue trasladado a un lavadero de autos en el que se procuró eliminar posibles evidencias de su interior.

El cuarto detenido en el caso es Julio Argentino Torres (61), para quien la formulación de cargos se postergó hasta hoy martes y continuará detenido hasta que la misma se concrete. Será patrocinado legalmente por la defensora pública Natalia Araya.