En los últimos días se apreció el intento de disfrazar una ola de despidos en diversas áreas estatales como si se tratara de una no renovación de contratos.

¿Por qué cabe enmarcar la decisión gubernamental en el calificativo de despidos? La respuesta no llega desde la letra chica de lo legal, que tendrán que defender, de uno y otro lado, los respectivos abogados, sino por el sentido común.

Gente que se desempeñó durante más de una década en una determinada tarea, como ha sucedido en Parques Nacionales, resulta increíble que no formara parte de la planta permanente. Eso, evidentemente, es una responsabilidad que va mucho más allá del gobierno actual. Gestiones anteriores, de color político diferente entre sí, no hicieron nada para que la situación se regularizara.

En tal sentido, el delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la Dirección Regional Patagonia Norte de Parques Nacionales, Marcelo Rojas, habla de “contratos que se renuevan anualmente desde hace casi dos décadas”, y califica ese proceder como un “fraude laboral”.

Así, describe un panorama donde se realizan “tareas permanentes con contratos transitorios”.

De esa manera, Rojas expone “una relación de dependencia que no termina de ser blanqueada”.

El asunto es que, frente a ese contexto irregular, el actual presidente, Javier Milei, en lugar de tratar de insertar debidamente a las personas que desde hace años padecen ese accionar del Estado, termina por excluir del sistema a muchas de ellas y mantener al resto bajo una espada de Damocles.

Y, según afirman los que conviven con ese temor a dejar de tener el trabajo que realizan desde hace tiempo, las decisiones en relación a quiénes son los que quedan al margen y aquellos que continúan parecen resultar, en su mayoría, arbitrarias.

Incluso hubo casos donde, tras quejas rotundas por afectar, por ejemplo, a una mujer con diecinueve años de "antigüedad precaria", desde el Gobierno tuvieron que dar marcha atrás y se escudaron en “un error”.

Por otra parte, y esto es algo que se aprecia notoriamente en la Administración de Parques Nacionales, la decisión de echar (si bien no los llaman así, no dejan de ser despidos) a gente que ingresó más acá en el tiempo –específicamente, en 2023– también afecta el funcionamiento de un organismo donde esas personas habían entrado para reemplazar a otras que no continuaron en funciones. Es decir, no sobrecargaron un plantel que, en realidad, dada la cantidad de territorio a su cargo, era y es escaso, sino que, en su momento, ingresaron para mantener un parche ante un panorama que antes era preocupante y ahora se torna desolador.