23/02/2024

Ratifican embargo de 7 millones de dólares contra una empresa por contaminar el ambiente

Ratifican embargo de 7 millones de dólares contra una empresa por contaminar el ambiente

La justicia neuquina ratificó el embargo por un total siete millones de dólares contra la firma Comarsa y tres de sus principales directivos, imputados de contaminación, maniobras fraudulentas y pasivo ambiental. La planta, ubicada en el Parque Industrial de Neuquén, debía tratar residuos peligrosos generados durante la explotación petrolera en Vaca Muerta.

En vez de eso, abandonaba los desechos en el lugar; pero cobrando puntualmente los montos estipulados. Según la acusación de la fiscalía, de esta manera generaba ganancias y dejaba un pasivo ambiental de envergadura en la planta de Parque Industrial de Neuquén Oeste.

La decisión del Tribunal de Revisión, integrado por Carolina García, Juan Pablo Encina y Dardo Bordón, se adoptó por unanimidad. Se ratificó el embargo por siete millones de dólares de los bienes de una empresa dedicada a la recuperación de residuos peligrosos, pero también los de dos imputados que, teniendo a su cargo la operación de la firma, simularon ganancias por la realización de tratamientos que no se concretaron.

La maniobra se prolongó durante diez años, desde 2014 hasta la actualidad. De esta manera, se contaminó el ambiente y se puso en peligro la salud de la población.

El fallo, un caso único en el país y que puede convertirse en un valioso antecedente para las organizaciones ambientalistas, alcanza los bienes de la empresa pero incluye también al patrimonio de dos de los imputados, alcanzando sus cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Los imputados son Juan Manuel Luis, presidente de Comarsa desde el 1 de abril de 2014; accionista mayoritario y controlante de la empresa; y Héctor Basilotta, director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y que tuvo funciones delegadas de administración y control.

Sobre ambos recayó el embargo de sus cuentas y bienes personales. Pero también está imputado quien se desempeñó como gerente general y responsable técnico de Comarsa, entre 2013 y septiembre de 2016, F.A.P.

El delito por el que se formularon cargos es el de contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal; y 45 del Código Penal, en calidad de coautores); en concurso real con administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).

El monto de siete millones de dólares se llega sobre la base de calcular “el beneficio objetivo” que obtuvieron los imputados por la maniobra, enfatizó la asistente letrada, Julieta González. “Son 2,35 millones de dólares que corresponden al estimado respecto de J.M.L, al provecho efectivo del ilícito; y el resto al perjuicio general, "no solo por el saneamiento que hay que realizar”, agregó la asistente letrada, quien además argumentó que “el artículo 23 del Código Penal” es la legislación que autoriza los embargos.

“Acá hay una violación a los Derechos Humanos de la población. Esto no es un caso penal, es un caso penal-ambiental y desde allí les pido que analicen la situación”, solicitó la asistente letrada, con el respaldo del querellante en representación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Darío Kosovsky, quien adhirió al pedido. En la causa también está representada en la acusación la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén.

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