Según el Parlamento Mapuche de Río Negro, el gobernador de Chubut actuó “de manera irresponsable y canallesca”

“Años atrás éramos quienes poníamos en amenaza la soberanía argentina, ¿hoy somos quienes incendiamos nuestro propio territorio?”, cuestionaron irónicamente desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro las expresiones vertidas por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en relación al fuego que se expande en el Parque Nacional Los Alerces, a la vez que expresaron su solidaridad a las comunidades Paillako y Pillañ Mahuiza de aquella provincia, “en su lucha territorial, social y política”.

Quienes conforman la agrupación indígena rionegrina repudiaron lo que consideraron “acusaciones sin pruebas” de quien está a cargo de la Gobernación chubutense.

En tan sentido, expresaron: “Sobre el pueblo mapuche históricamente se ha construido la imagen de la violencia: invasor, asesino y ahora terrorista, negando su preexistencia al Estado. Este discurso ha sido utilizado para avalar la violencia estatal, que hace ciento cuarenta y cinco años ocupó el territorio de la Patagonia, luego de la campaña genocida. En la actualidad la defensa del territorio por parte de las comunidades mapuche-tehuelche frente al extractivismo salvaje es catalogada como terrorismo, este argumento pretende ser utilizado para enviar nuevamente al Ejército al territorio”.

“En declaraciones sin pruebas y sin que se haya determinado la responsabilidad de los incendios que a priori se presumen intencionales, el gobernador ha salido a inculpar al pueblo mapuche-tehuelche de una manera irresponsable y canallesca, para generar ese odio racial que le brota desde sus entrañas”, sostuvieron, para luego sumar: “En este discurso antimapuche, el gobernador se arroga el derecho de reconocer quién es mapuche y quién no, algo claramente contrario a derecho”.

Así, los integrantes del Parlamento expusieron que para el gobernador “la intencionalidad de los incendios y la responsabilidad del pueblo mapuche-tehuelche están dadas porque detrás de cada conflicto comunitario hay un negocio inmobiliario de tierras”, ante lo que refutaron: “Es ilógico, no somos nosotros quienes negociamos el territorio con empresarios extranjeros. No somos nosotros los invasores. No somos nosotros quienes provocamos los incendios de nuestro propio territorio”.

“Ser gobernador de una provincia patagónica le exige políticamente a Torres la responsabilidad de conocer el derecho internacional, los convenios internacionales en materia de derecho indígena, la Constitución Nacional o, por lo menos, tener asesores que le expliquen cuáles son los principios para el autorreconocimiento de la identidad indígena y todo lo que ello conlleva en materia de derecho territorial”, sostuvieron, y añadieron: “Además, debiera conocer la historia de la Patagonia, que se incorporó al Estado argentino hace ciento cuarenta y cinco años, luego de un genocidio”. 

“Para nosotros, la tierra no se compra ni se vende, se defiende, y cuando una comunidad reclama un territorio comunitario esa tierra sale del negocio inmobiliario y pierde todo valor económico monetario que le ha dado la cultura winka (blanca) occidental como propiedad privada”, apreciaron desde el Parlamento. 

De la misma manera, indicaron que, históricamente, “el modus operandi del Estado con los pueblos indígenas en Argentina fue el asesinato, la apropiación y los incendios de casas y cultivos para quedarse con las tierras”, ante lo que reflexionaron: “Lo que vemos detrás de estas declaraciones extremistas del gobernador Torres es el negocio de la extranjerización de la tierra, el extractivismo y la entrega del agua”. 

“Por eso Torres se reunió hace siete días con el embajador de los Emiratos Árabes Unidos, Saeed Abdulla Alqemzi”, afirmaron, para después agregar que, “curiosamente”, en la jornada siguiente a aquel encuentro “comenzaron dos focos de incendios en el Parque Nacional Los Alerces”. 

“Las provincias patagónicas y sobre todo Chubut tienen antecedentes de incendios intencionales para luego vender las tierras”, aseveraron los referentes del Parlamento, para quienes el “discurso del terrorismo mapuche es necesario para instalar la necesidad de la represión contra los pueblos indígenas”.

Del mismo modo, los representantes rionegrinos de los pueblos originarios expusieron que “la dirigencia política, gremial y social” debería estar en alerta ante lo que trascendió recientemente, acerca de que el presidente Javier Milei “se apresta a firmar un decreto que autorizaría a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interior definidas como ‘amenazas extranjeras’, lo que incluiría a organizaciones de pueblos indígenas” que se oponen a lo que, desde la organización mapuche, califican como “extractivismo salvaje” en territorios comunitarios. 

Asimismo, se pronunciaron contra la ley ómnibus y consideraron que de aprobarse se ingresaría en “un período muy oscuro para toda la sociedad”. 

“El protocolo represivo de (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich, el Ejército en las calles y la supresión de garantías constitucionales nos sitúan frente a un escenario de graves violaciones a los derechos humanos, cercenamiento del derecho a la protesta, acusaciones de terrorismo y cárcel política, todo avalado por el Poder Judicial de la Nación. En definitiva, estamos frente a la pérdida de la democracia”, apreciaron.